jueves, 3 de junio de 2010

Criterios dispares para cobrar impuestos

Dentro del paquete de leyes que la Legislatura se apresta a aprobar cuando el macrismo consiga los 31 votos que necesita para subir los impuestos se encuentra una norma a la que ya hemos hecho referencia hace unos días y que tiene que ver con realizar una gran moratoria de impuestos.
Si bien la moratoria ha recibido algunos retoques en la Comisión que han permitido un cierto nivel de consenso entre los bloques (muchos entienden que ante la situación de caos financiero de la Ciudad, aún en forma injusta, es preferible cobrarle primero a los que deben) para que la ley se apruebe con amplio margen de apoyo. De hecho me sorprende que no se la haya aprobado separadamente de los temas restantes (las modificaciones del presupuesto están ligadas a la aprobación de los proyectos que tienen que ver con la suba de impuestos y si éstos no se aprueban no se puede modificar el cálculo de recursos y gastos). Evidentemente el apoyo de algún sector se encuentra atado a tratar todo junto.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda espera, pero para matizar la espera no se les ocurrió nada mejor que iniciar juicio masivamente a miles de deudores que entrarían en el universo de la moratoria. Los mandatarios de la Dirección de Rentas, más que agradecidos por el simpático gesto.
No obstante la desesperación por hacerse de fondos, algunos Diputados del PRO presentan iniciativas en el sentido contrario. Esto es, condonaciones de deuda por ABL. Es el caso del Diputado Tamargo, que a través del expediente 2276-D-09 presentó un proyecto de ley para condonar la totalidad de la deuda de ABL del propietario de una vivienda ubicada en la calle Echeverría al tres mil y pico (la foto de la casa ilustra este post).
La práctica de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura respecto del tratamiento de condonaciones de deuda es amplia. Normalmente los asesores de la Comisión solicitan una serie de informes que tienen que ver con la situación patrimonial del deudor (sobre todo para saber si tiene otras propiedades a su nombre), su situación de ingresos y cuestiones de carácter social o de salud que tengan que ver con tomar una decisión respecto de cada tema en particular. Habitualmente se solicita al área social del Gobierno, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, un informe ambiental que no es vinculante pero suele influir en la postura final de los Diputados.
En el caso que nos ocupa, el proyecto presentado solicita la condonación "dado su actual situación económica debido a una estafa de la cual fue víctima que lo sumergió en un estado de indefensión tanto en lo material como en lo anímico." Relata además que "en el año 1988, mediante la falsificación de firma y extracción de títulos públicos depositados en la Bolsa de Valores, se le sustrajeron todos sus ingresos y ahorros, con el consiguiente daño psicológico para él y toda su familia." Con el plan Bonex, el corralito y "los que pusieron dólares recibirán dólares", en realidad se trata de todo un país maltratado psicológicamente.
El resto de los fundamentos, muy breves por cierto, menciona un juicio ganado en primera instancia e insiste con la caracterización del daño psicológico.
No es mi intención juzgar a la persona a la que se intenta ayudar con el proyecto. Por eso no menciono mayores datos (a pesar de que son públicos porque el proyecto los contiene) y tomé una foto de la vivienda solamente porque permite tener alguna idea de su valor. Lo que importa es el concepto que contiene la iniciativa del Diputado Tamargo.
Se trata de un caso en el que la vivienda tiene tres plantas y en la que viven cuatro personas, ubicada en Belgrano "R" (una zona muy cara de la Ciudad) y que según los informes que contiene el expediente se compone de "subsuelo con entrada para autos, sala de estar y baño tipo "toilette"; planta baja: compuesta por cocina, living comedor y lavadero; planta alta: compuesta por cuatro dormitorios, dos baños y balcón al frente.
El inmueble está edificado en un terreno de 337 metros cuadrados y la superficie cubierta es de 527 metros cuadrados. Paga de ABL (o en realidad debería porque no lo hace hace rato), $ 632,30 por bimestre y si tenemos en cuenta los valores por metro cuadrado en el barrio y el tipo de edificación, su valor de mercado puede llegar a rondar el millón de dólares. La deuda total al momento de incorporarse el informe de la AGIP al expediente legislativo asciende a $ 61.454,28.
Es decir, con lo que vale la vivienda se puede perfectamente mudar a algo apenas más modesto, ponerse al día con el fisco y tener incluso algunos fondos frescos para no pasar mayores privaciones mientras se espera una resolución favorable en el juicio, pero por algún motivo el criterio del legislador es otro.

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