"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

lunes, 29 de marzo de 2010

Endeudando Buenos Aires


Los cartelitos amarillos con la leyenda "Haciendo Buenos Aires", propios de la comunicación macrista, intentan darnos un mensaje del estilo "antes de nosotros no se hizo nada". Observar la política financiera de la administración PRO, invita a pensar que la idea del mensaje va mucho más allá: difícilmente sea posible que se pueda hacer algo tras el tendal de deudas que va camino a dejar el paso del ingeniero por el palacio de Bolívar 1.
Es muy complicado analizar una gestión de gobierno sin tener en cuenta algunos factores que rodean las decisiones y las condiciones en que éstas se toman. La situación de la economía internacional y los términos de intercambio no suelen estar muy a mano de los votantes a la hora de definir su apoyo a un candidato, así como tampoco la política de ingresos y gastos ni lo que se encuentra íntimamente vinculado a ella: el déficit o superávit de las cuentas públicas y la política frente a la deuda.
En estos días en que se debaten alternativas para hacer frente a la deuda pública nacional, casi nadie plantea la discusión respecto de las consecuencias que puede traer "volver a los mercados" ni, en todo caso, en qué condiciones conviene al país endeudarse o no. Sin este debate, la deuda dependerá de las mayorías que se puedan construir en el parlamento y de la responsabilidad de quienes tengan a cargo el Gobierno.
Teniendo en cuenta la experiencia previa, la deuda pública del Estado Nacional seguirá siendo un gran problema para la Argentina.
La década del '90 fue para la Argentina y para la Ciudad de Buenos Aires un periodo de particular crecimiento de la deuda. Casualidad o no, los gerentes de las empresas del grupo Macri tuvieron una fuerte participación en ese proceso, especialmente en la Ciudad, igual que ahora.
Al momento de escribir estas líneas, y mientras todos se distraen discutiendo la forma de regular la actividad de los trapitos, el Gobierno de la Ciudad acaba de anunciar la colocación de u$s 475 millones a 5 años, a una exorbitante tasa anual del 12,5%.
Con esta colocación y otras autorizaciones brindadas por la ley de presupuesto, y sin contar los intereses que en este caso implican un costo adicional de 300 millones de dólares, la deuda en pesos de la Ciudad alcanzará en el curso de 2010 una cifra cercana a los $ 6565 millones, es decir alrededor de un 150% más de lo que Macri encontró al asumir su Gobierno.

Endeudarse desde el primer día

La política de endeudamiento empezó con la llegada al poder del PRO. El presupuesto aprobado por el macrismo y algunos de sus aliados a fines de 2007 ya contemplaba diversas autorizaciones para endeudarse, además de los conocidos aumentos de impuestos. De esta forma, se creó el denominado "Fondo de Infraestructura Social", que supuestamente consistía en la colocación de una nueva serie del Bono Tango por u$s 500 millones para destinar fondos adicionales a la inversión en áreas prioritarias para los porteños: básicamente salud, vivienda, educación y cultura.
El primer borrador de obras contenía el listado completo de muchas que figuraban con financiamiento a través de recursos propios en el proyecto de Ley de Presupuesto enviado por Telerman, se establecía el financiamiento de obras que contaban ya con créditos como la del Arroyo Maldonado, y además se incluía acciones de escasa urgencia para la Ciudad. Cuando se descubrieron los errores, en lugar de reducirse el monto "necesario", se optó por cambiar el listado de obras.
Quedaba claro que se perseguía el monto de u$s 500 millones, no resolver necesidades de inversión pública. El otro costado de la decisión implicaba un fuerte aumento del gasto corriente, ya que la propuesta de Gastos Corrientes en el Presupuesto enviado por Macri aumentaba en $ 626.203.438 ($ 10.089.318.798 propuestos por el macrismo contra los $ 9.463.115.360 propuestos por el entonces Jefe de Gobierno).
Fue el propio Mauricio Macri el que reconoció más tarde que se había negociado con las AFJP la colocación del bono antes de asumir la Jefatura de Gobierno.
En reuniones que se realizaron en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el Director de Crédito Público de la Ciudad comentó reiteradas veces que se estaba negociando con la Superintendencia de AFJP la incorporación del FOISO en el inciso "Q". Para entender de qué se trata este inciso, debemos remontarnos a febrero del año 2007, cuando se aprobó la Ley 26.222, modificatoria de la ley 24.241 ("Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones"), reforma previa a que el Estado se hiciera nuevamente cargo del sistema.
El artículo 74º de la ley 24.241 instituía una serie de criterios para invertir los activos de las AFJP. La reforma de dicha ley previsional le incorporaba un inciso, con el siguiente texto:

"q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberán destinar a estas inversiones como mínimo el CINCO POR CIENTO (5%) de los activos totales del fondo y hasta un máximo del VEINTE POR CIENTO (20%). El PODER EJECUTIVO NACIONAL establecerá un cronograma que permita alcanzar estos valores en un plazo máximo de CINCO (5) años. Las inversiones señaladas en este inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76."

Revisando la Versión Taquigráfica de la Cámara de Diputados de la Nación, pudimos encontrar la postura del bloque PRO respecto de la propuesta de reforma a la ley, que básicamente establecía la posibilidad de que los aportantes al régimen de AFJP puedan volver al sistema de reparto, algo que les estaba vedado con anterioridad. La preocupación central de los Diputados de la fuerza política que hoy gobierna la Ciudad (o al menos de una parte de ellos, ya que Macri estuvo ausente) puede verse claramente reflejada en las palabras del Diputado Pinedo: "nos preocupa especialmente que la decisión que tomen no termine en un callejón conocido de la política previsional argentina: el saqueo de los recursos de los jubilados, la utilización de estos recursos para satisfacer otros intereses y necesidades del Estado o de los gobiernos." Consecuente con esta afirmación, decía después: "Otra forma de sacarle plata a los jubilados es utilizarla para otras cosas que quiera el Poder Ejecutivo. Así vemos que ese superávit de las cuentas de la ANSES se utiliza para financiar al gobierno o, como se dice en la propuesta del Poder Ejecutivo, para financiar obras públicas, en lugar de financiar los haberes de los jubilados."
Más allá de las evidentes diferencias entre el discurso y la acción, debemos señalar los problemas que tenían las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con posterioridad a la aprobación de la ley: el cumplimiento del inciso "q" y la aprobación de una Resolución conjunta de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y la Superintendencia de AFJP, que fijaba que las inversiones en fondos del MERCOSUR no podrían exceder el 2% de las inversiones totales. Esto obligaba, cronograma mediante, a vender activos en Brasil y repatriar fondos por $ 8.000 millones antes de diciembre de 2008. La Resolución especificaba que esa mayor liquidez debería servir para que las AFJP cuenten con más fondos para cumplir con el inciso "Q". Una clara necesidad de las administradoras, que hasta el momento sólo habían podido imputar al mismo una inversión de $ 19.241.411 en un proyecto de la Municipalidad de Río Cuarto, muy lejos del los casi $ 1.000 millones que necesitaban invertir antes de diciembre de 2008 o de los $ 2.000 millones que debían alcanzar antes de finales de 2009.

Arrancar de cero

Como se trataba de la tercera fundación de Buenos Aires, y en consecuencia había que hacerse de nuevos fondos a través del aumento de los impuestos y la obtención de préstamos, era necesario también no hacerse cargo de la gestión Telerman, que además de haber evaporado el Fondo Anticíclico de la Ciudad con la complicidad del macrismo dejaba una deuda flotante de $ 800 millones. Por ese motivo se envió una propuesta a la Legislatura para emitir un bono destinado a los proveedores de la Ciudad por ese monto, que debía comenzar a pagarse después de que concluyera el periodo de Gobierno de Macri.
En este caso, la negociación en la Legislatura y la propia dinámica de la relación con los proveedores no permitió llegar tan lejos. Los Diputados que acompañaron la aprobación de esta ley al menos recortaron los plazos de pago y redujeron a cerca de la mitad el monto autorizado.
Al cierre del 2009, Hacienda había colocado casi $ 200 millones de estos bonos.

La culpa del Gobierno Nacional

La fecha en la que finalmente se aprobaron las condiciones particulares de colocación del “FOISO” fue muy cercana a la crisis que se desató en los mercados a partir del colapso de las hipotecas sub prime de los Estados Unidos. Basta ver la Versión Taquigráfica de la aprobación de la Ley 2789 para advertir que algunos Diputados alcanzaron a cuestionar las posibilidades de una colocación exitosa del Bono.
Por otra parte, no todos los que apoyaron la Ley de creación del FOISO (Ley 2570) aprobaron las exageradas tasas que finalmente se acordaron como tope: 13,5%, sea en pesos o dólares.
Con el sistema de AFJP a punto de quedar en manos del Gobierno Nacional, las posibilidades de hacerse de los fondos se fueron diluyendo, sobre todo porque el Gobierno Central no otorgaba la autorización que establecía la Ley de Responsabilidad Fiscal a la que la Ciudad había oportunamente adherido.
Esa falta de autorización fue utilizada hasta hace muy poco por el macrismo como excusa. No obstante, la situación internacional y la propia situación financiera del Estado Nacional habrían impedido acceder a tasas por debajo del tope puesto por la Legislatura. Finalmente el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner despejó sus nubarrones financieros reestatizando el sistema jubilatorio (eliminando una de las medidas más perniciosas del gobierno de Menem), lo que mejoraba sin duda las perspectivas pero al mismo tiempo dejaba a Macri sin la posibilidad de obtener recursos de la fuente con la que se había negociado antes de llegar al poder.
Por otra parte, más allá de las excusas, Macri optó por otros caminos para endeudarse: convirtió el bono FOISO en un bono de proveedores por fuera de las condiciones autorizadas por ley (al cierre de 2009 había colocado $ 12,6 millones), comenzó a utilizar la colocación de Letras de Tesoro (propia de la necesidad de cubrir diferencias estacionales de caja según la Ley de Presupuesto) en una deuda de largo plazo y elevó la deuda flotante en casi $ 1.200 millones.
De esta forma, en tan solo dos años la deuda de la Ciudad creció casi un 70% en pesos, muy por encima de cualquier estimación de inflación, extendiendo paralelamente los costos que deben afrontarse por el pago de intereses.
Solamente por los intereses de las Letras del Tesoro, y según el proyecto de Ley de Presupuesto 2010 (que finalmente se aprobó) el Gobierno de la Ciudad deberá pagar este año $ 290 millones, cifra que supera el presupuesto de inversión infraestructura en escolar y hospitalaria.

Empapelando Buenos Aires

El macrismo aprovechó el inminente recambio legislativo de finales de 2009 para conseguir autorizaciones varias en materia de endeudamiento que intentaban emprolijar muchos de los desaguisados cometidos hasta la fecha. La autorización para endeudarse con el objeto de construir subtes (Ley 3380), blanqueaba la decisión de no invertir un peso de fondos propios por encima de los fondos de afectación específica que se cobran (por ley 23.514) junto con el ABL y las patentes.
La decisión no fue un tema menor ni se puede asignar a crisis alguna. En el peor año de la crisis que azotó a la Argentina a principios de este siglo, 2002, la Ciudad llegó a invertir un 235,92% más que lo recaudado de acuerdo a la Ley 23.514.
Así era imposible acercarse a la promesa de campaña de 10 kilómetros de subte por año.
La colocación implica dinero adicional para el subte por el equivalente a nueve años de recaudación por Ley 23.514, pero los fondos que se recauden a futuro fueron asignados por la Ley 3380 al pago de amortizaciones o intereses. De esta forma, se hará muy complicado en los próximos 5 años invertir en la ampliación de la red de subte, sobre todo teniendo en cuenta que la colocación total realizada por la Ciudad implica un costo de intereses de unos u$s 300 millones (u$s 60 millones por año).
Con este panorama, la decisión de Macri es financiar la inauguración de seis o siete estaciones de subterráneo (en su mayoría con la construcción casi finalizada por gestiones anteriores), en el marco de la próxima campaña electoral.
Será todo un desafío, más allá de que lejos se encontrará de cumplir sus promesas de campaña, hacer conocer el costo que tiene para los porteños.
La otra gran autorización para endeudarse que otorgó la Legislatura saliente fue la aprobada bajo ley 3152, que tiene una serie de particularidades que hacen que parte de su texto choque con el texto de la Constitución de la Ciudad.
La ley tiene tres artículos (de un total de seis) destinados a autorizar emisión de deuda de largo plazo. El primero de ellos autoriza la colocación de un nuevo bono proveedores por $ 690.331.142, el segundo a emitir Letras con vencimiento más allá del cierre del ejercicio (lo que las convierte en deuda de largo plazo) por $ 300.000.000 y el tercero reduce el monto del FOISO a $ 913.901.672.
La Constitución de la Ciudad establece una serie de requisitos para autorizar el endeudamiento. Uno de ellos, establecido por el artículo 53º obliga a que la ley que lo autoriza contenga “determinación concreta de su objetivo”. Si leemos los tres artículos, solamente el tercero cumple con esa condición (el objeto fue fijado por la Ley 2570). Claramente el segundo no dice el destino de la deuda contraída en letras, y el primer artículo utiliza la fórmula “cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y la cancelación de certificados de obra”, que es casi tan concreta como decir “lo que se les ocurra”.
Con la colocación anunciada, la Ciudad estaría alcanzando casi la totalidad del monto autorizado por el artículo 3º de la Ley 3152 (al cierre de 2009 se habían colocado ya $190 millones), mientras que del monto del artículo 1º ya se emitieron títulos por $ 416,8 millones.
Todas estas colocaciones acercan a la Ciudad a una carga de la deuda muy superior a la heredada por la actual gestión. Mientras que la relación deuda ingresos era en 2007 del 21,3%, la relación (que en los años 2008 y 2009 se aproximó respectivamente al 23% y al 27%) se acercará en 2010 a una cifra tal vez mayor al 30%. A ello debemos sumarle la fuerte carga de intereses, que como en el caso del endeudamiento para subtes, se produce en el marco de una gestión que además de no reconocer la existencia de gobiernos anteriores, planea no dejar margen de maniobra a quienes los sucedan.

Ilustración: Federico Armada

viernes, 26 de marzo de 2010

Nueva Ley de Reforma Política: Financiamiento y Campañas (Parte III de IV)

Cuando en noviembre del año pasado realicé un análisis del proyecto de Reforma Política presentado ante el Congreso de la Nación por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno de los temas en los que fui más crítico fue el de financiamiento de los partidos y las campañas electorales. Más allá de algún retoque que se hizo al texto (el más importante fue que el valor del módulo electoral lo fije el Parlamento en lugar del Poder Ejecutivo), debo decir que me siento obligado a sostener las críticas: los cambios que se hacen al sistema actual no son para nada de fondo, y lo que se sostiene es una legislación muy permeable al financiamiento privado, y especialmente al financiamiento y al gasto en negro.
Algunas de las falencias más graves del texto, como la inexistencia de sanción a algunas conductas que se pretenden prohibir (lo que hará que algunas queden impunes o los jueces deban intentar interpretar a qué figura se pueden equiparar para lograr sancionarlas) o la obligación de inscribir a las empresas encuestadoras en un registro pero sin que la inscripción signifique ventaja alguna respecto de no inscribirse (incluso podría ocurrir lo contrario), son temas que aunque sería razonable mejorar sustancialmente no cambian la impresión de que en este aspecto la ley no introduce mejora alguna.
Eliminar la donación a través de personas jurídicas es un avance, pero muchísimo menor de lo que se ha publicitado. No sólo porque se puede poner el dinero a nombre de personas físicas sino porque el destino del dinero puede ir tranquilamente a comprar la voluntad de dueños de medios de comunicación, conductores de programas televisivos o periodistas de cualquier nivel, algo que no se va a incluir en ningún informe de campaña.
El problema del financiamiento privado no tiene que ver con que se haga en negro o en blanco. En Estados Unidos, país en el que los candidatos compiten por demostrar quien consigue más apoyo económico para su campaña, la transparencia que ello implica se traduce también en la gran influencia de las corporaciones sobre las decisiones de Gobierno. Tener una democracia más o menos abiertamente corporativa no hace gran diferencia en mi opinión. La diferencia la hace lograr que los partidos tengan la posibilidad de llegar ampliamente con sus propuestas a los ciudadanos. Con una cantidad pequeña de partidos se puede hacer ciertamente mejor y eso habla de uno de los puntos positivos de la ley (aunque sea debatible si la reducción de sistema no es excesiva), pero es necesario que los políticos no resulten presos de quienes los financian ni que los que quieren dedicarse honestamente a la política no queden fuera de competencia.
Eso sólo puede lograrse con financiamiento suficiente y por sobre todo público. La norma aprobada está muy lejos de ese objetivo.



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jueves, 25 de marzo de 2010

Espejitos de colores: Buenos Aires piscina.*

Un análisis de las recientes inundaciones que afectaron a las vecinos de la Ciudad. El Gobierno porteño y su clásica política de victimización. La complicidad mediática y la excusa de la herencia recibida.

Uno de los rasgos de nuestra pobre cultura política radica en la facilidad con la que todos caemos en repetir la frase "los políticos mienten", como si no tuviéramos responsabilidad en ello. Votar a candidatos que nos ofrecen soluciones espectaculares a nuestros problemas y paraísos terrenales a la vuelta de la esquina también debería obligarnos a hacer algún replanteo de las cosas, a fijarnos un poco si no tenemos alguna culpa cuando compramos alegremente espejitos de colores.
Uno de esos espejitos debutó con un furioso color amarillo allá por 2007, con cartelitos que decían “Estaría bueno no inundarnos cada vez que llueve. Porque así nos estamos ahogando en un vaso de agua."
Hace pocas semanas la Ciudad se inundó feo por lo menos dos veces (y hubo una tercera que estuvo bastante cerca) en menos de diez días. Asistimos al coro de excusas de un Gobierno de la Ciudad acéfalo por vacaciones (a Macri no le resultó necesario regresar de ellas por esta nimiedad) que incluyó supuestas ausencias de alertas meteorológicos, obras en curso, dudosas actitudes de aguas provenientes de otras jurisdicciones, vecinos muy PRO y a la vez terriblemente mugrientos, empresas privatizadas que se echan la culpa mutuamente con los reyes de la privatización y por supuesto el siempre buen recurso de la herencia recibida.
Sólo faltó San Pedro, pero no da para seguir sumando conflictos con la iglesia católica, por lo menos por ahora.
Si de espejitos de colores se trata, es nuestra culpa creer que una Ciudad situada al nivel del mar, recorrida bajo su superficie por varias cuencas y con un ambiente propicio para tormentas de verano no pueda inundarse nunca. Prometer eso es de chamuyero y creerlo es de ignorante. Pero tanta inundación, sin tanta agua como en otras ocasiones, con más obras hechas, debería llamarnos la atención.
Más allá de las excusas, algo ocurre.
Es necesario poner algunas cosas en contexto, y por ello debemos señalar que la administración de Mauricio Macri cuenta con un presupuesto más elevado que gobiernos anteriores no sólo en términos nominales sino también en términos reales. Los aumentos de ABL, que en promedio fueron de alrededor del 100% pero que en muchos de los barrios afectados por las inundaciones fueron muy superiores y alcanzaron hasta el 300%, explican en parte una mayor recaudación como también lo hacen otros aumentos menos publicitados y el fuerte crecimiento de la recaudación por ingresos brutos gracias a la combinación de inflación y crecimiento económico.
Todos estos incrementos hacen que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires haya crecido muy por encima de la inflación, tomando estimaciones de cualquier consultora privada (ni hablar si le diéramos crédito a las cifras del INDEC, pero no sería muy correcto), pero desde el macrismo se ha hecho hincapié en la “falta de financiamiento”, en este caso con el Gobierno Nacional como principal destino discursivo de la culpa. No obstante, y más allá de la dificultad de colocar bonos, Macri se las ha arreglado para aumentar la deuda de la Ciudad en sólo dos años un 70%, pasando la misma de $ 2.600 millones a $ 4.600 millones. La política ha sido suplir la falta de acceso a mercados de deuda con el retraso de los pagos a proveedores (engrosando la llamada deuda flotante), y eso tiene algo de incidencia en lo que está pasando por estos días. Por lo menos es lo que explica la evolución del gasto en limpieza de sumideros desde que asumió Macri, y cómo impactó la política de aumento de la deuda flotante en ese aspecto de la gestión.
Basta ver la evolución del gasto en los últimos tres periodos:
2007: $ 66.109.756,47
2008: $ 68.898.359
2009: $ 60.725.485,71
Dos cuestiones surgen claramente de esas cifras. En el año 2009 se gastó menos que en los dos años anteriores, a pesar de que se trata de contratos con el sector privado sujetos a procesos de redeterminaciones de precios producto de la inflación, y en términos reales el gasto del 2008 también es sensiblemente inferior al del año precedente. Aún concediendo que pueda haber mejoras en los precios (algo que no se verifica -más bien lo contrario- a lo largo de toda la gestión de Mauricio Macri), resulta muy difícil creer que bajando el gasto se puedan limpiar mejor los sumideros y así impedir que cualquier nivel de lluvias provoque una inundación.
Por otra parte, la política de endeudamiento de la Ciudad a través de la deuda flotante tuvo en 2008 un especial impacto en muchas áreas sensibles de Gobierno, entre las que se encuentra el servicio de mantenimiento de los desagües pluviales. Mientras la deuda flotante del 2007 equivalía a unos dos meses de atraso en los pagos ($ 11.330.895,65 sobre los $ 66.109.756,47 que mencionamos más arriba), la del año 2008 alcanzó los seis meses ($ 33.741.968,79 sobre $ 68.898.359). Con la deuda flotante al cierre del ejercicio en diciembre pasado en $ 100 millones de pesos por encima de los niveles del año 2008, es muy probable que la situación permanezca por lo menos igual o incluso haya empeorado.
Otro aspecto de la política de Macri que tiene mucha relación con el problema de las inundaciones es el de dar prioridad al gasto en maquillaje de la Ciudad (veredas y plazas) por sobre la inversión en infraestructura social (escuelas y hospitales) y por supuesto ignorando cualquier obra subterránea que deba hacerse en Buenos Aires. Ha logrado gastar mucho más en veredas que en obras en escuelas y hospitales (a pesar de que el presupuesto establecía absolutamente lo contrario) y ha abandonado las obras del subte, a pesar de haber prometido 10 kilómetros por año.
Por eso produce sorpresa que diga abiertamente a la sociedad (con la complicidad de muchos medios de comunicación) que no entiende por qué los políticos no priorizan las obras bajo tierra. Porque de hecho, la única obra que está llevando a cabo su Gobierno de las que deben hacerse bajo tierra es la del Arroyo Maldonado, que por cierto cuenta con un crédito BIRF conseguido por la gestión de Aníbal Ibarra y aprobado por la Legislatura en ese entonces. Es decir que en este caso lo único que está haciendo es continuar una política de Estado con fondos que no puede destinar a otra cosa, pero no sólo por esto último lo hace.
Sin dejar de lado el hecho de que el resto del Plan Hidráulico del año 2005 (no tiene 20 años como se cansó de repetir Macri por todos los medios a su alcance) está casi abandonado y las obras están supeditadas a conseguir más deuda, el caso de la obra del Maldonado tiene otra particularidad: Macri demoró la adjudicación de la obra (proceso encarado por el Gobierno de Ibarra y continuado por su sucesor) hasta que la empresa que ganó la licitación se asoció con Iecsa, casualmente una empresa que pasó pocos meses antes de su propiedad a la de su primo Angelo Calcaterra, quien por cierto todavía no terminó de pagarla.
Es decir, al frente del consorcio que tiene a su cargo la obra de infraestructura más importante que está llevando a cabo la Ciudad en este momento (en parte debido a la paralización de las obras del Subte), está el primo del Jefe de Gobierno.
Como si esto fuera poco, se hicieron modificaciones a la obra por fuera de lo que permite la ley. Dichas modificaciones implican un costo adicional de las obras de entre $ 50 millones y $ 100 millones, que por supuesto no tienen nada que ver con la licitación de la que participaron otras empresas, y que terminaron provocando mayores demoras por la razonable intervención de la justicia ante el cúmulo de irregularidades.
En definitiva, resulta lógico que la Ciudad se inunde más que nunca. Sólo se ejecutan las obras bajo tierra para las que se pueda conseguir deuda, se paga con atraso o directamente no se paga la limpieza de los sumideros y se recurre, como siempre, a las excusas frente a ciudadanos que cada día tienen más claro que con Macri no está para nada bueno Buenos Aires.

* Publicada en la edición correspondiente al mes de marzo de 2010 del periódico "De Frente", del Frente Progresista y Popular. Para descargarlo, clic acá.

miércoles, 17 de marzo de 2010

Sobre el posible aumento del ABL


"Les aseguro, Joaquín, a usted y a los oyentes, que con los recursos que hoy tiene la Argentina a nivel nacional, los seis mil millones que tiene la Ciudad y los recursos que tiene la provincia, gestionándolos como gestiona cualquier ama de casa su economía, alcanza para resolver todos los problemas. Es mentira que tenemos problemas de presupuesto, es problema de organización, de gestión..."

Mauricio Macri, en el programa Desde el Llano, TN,
poco tiempo antes de la elección de 2007.


En septiembre del año pasado me atreví a imaginar un escenario para fines del 2009 en el que el Gobierno de la Ciudad aumentaría impuestos. Debo decir que mis previsiones apuntaban a un aumento del ABL, que finalmente no se produjo, y si bien la Ley Tarifaria que se aprobó retocó hacia arriba alguna alícuota de ingresos brutos, introdujo el cobro de impuesto de sellos a la venta de autos usados y tuvo algunos incrementos en tasas por servicios que presta la Ciudad (y entre ellos algunos aumentos muy elevados en los precios de los registros de conducir y los servicios de cementerios), las subas lejos se encuentran de equilibrar las cuentas públicas, aún a pesar de que la administración Macri estimó para 2010 una inflación de poco más del 6%, por lo que las previsiones de ingresos por impuestos al consumo se encuentran lejos de la realidad y se recaudará mucho más de lo previsto.
Aparentemente me equivoqué respecto de la fecha.

¿Qué grava el ABL?

En estos días en que la administración Macri salió a hacerse cargo de su intención de subir el ABL, creo conveniente hacer referencia a algunos ejes de discusión.
El primero de todos es que el ABL, a pesar de que la sigla induce a pensar de que se trata del cobro del servicio por alumbrado, barrido y limpieza, es en realidad un impuesto sobre el patrimonio, que grava la propiedad inmueble. De hecho, a pesar de que incluye ítems referidos a la limpieza de sumideros y a la construcción del subte (Ley 23.514), el grueso de lo que se recauda carece de afectación específica, por lo que no necesariamente esos recursos deben asignarse al pago de los servicios vinculados con la reparación de luminarias o con la recolección de residuos.
De hecho, la basura se ha llevado en el último año el equivalente a la casi totalidad de la recaudación de ABL, una relación que ya se había producido en el año 2007 cuando se recaudó por ABL $ 741.931.636,32 y se gastó en la basura $ 732.935.748,60. Este aspecto es importante porque para el año 2008 se produjo un aumento promedio del 100% en lo que pagan los habitantes de Buenos Aires por este impuesto, llegando en algunos casos a más del 300%. El problema es que mientras en el periodo 2008-2009 el servicio de higiene urbana que presta directamente el Gobierno de la Ciudad creció un 34,75% (un cifra por debajo de las estimaciones de inflación del periodo y muy por debajo del colchón de aumento del ABL que había logrado el macrismo), el servicio prestado a través de empresas privadas aumentó un 83,15%, llevando el gasto de $ 662.488.173,43 en 2007 a $ 1.213.411.175,57 en 2009 (totalizando el gasto en limpieza en $ 1.308.346.008,07, mientras que de ABL se recaudó $ 1.423.205.219,21), lo que en parte explica las necesidades financieras del Gobierno de la Ciudad, además de otros gastos y de un particular esquema de prioridades.
Lo que no se explica, por supuesto, es el motivo de las disparidades de los aumentos de costos entre privados y Estado y por qué las empresas recibieron aumentos muy por encima de cualquier estimación estatal o privada de inflación, pero lo importante es señalar que el ABL no tiene que ver con los precios de los distintos servicios que mucha gente cree que incluye, y es mejor que sea así, porque si Macri pudiera descargar directamente los costos sobre los contribuyentes, sin duda serían mucho mayores.

Reforma Tributaria

Otro tema que hay que tener en cuenta en el debate sobre el aumento de ABL es cómo se enmarca en una discusión más amplia sobre una reforma tributaria. En principio los impuestos sobre el patrimonio son más progresivos que los impuestos al consumo (la principal fuente de recaudación de la Ciudad es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos), pero hay algunas particularidades: no es lo mismo cobrar ingresos brutos a la venta de pan o leche que al producto de la explotación de juegos de azar o a la especulación financiera. Cualquier análisis de la progresividad o regresividad del cobro de ingresos brutos debe sopesar las actividades que se encuentran gravadas, las alícuotas que tributan y lo que en definitiva se recauda.
Por otra parte, no da igual cobrar impuestos sobre las muchas propiedades que en la Ciudad superan el valor de mercado de un millón de dólares (concentradas especialmente en pocos barrios) que hacerlo sobre departamentos de uno o dos ambientes que se destinan al alquiler, sobre todo teniendo en cuenta que quien termina afrontando el impuesto es el inquilino, no el propietario. En este sentido, para una importante cantidad de asalariados que pagan un alquiler y que sufrieron el impacto del aumento que se produjo con la primera factura de ABL de 2008, cualquier nuevo aumento superaría en conjunto las mejoras que puedan haber logrado en sus sueldos.

Valor de Mercado: mal destino.

Una última cuestión es la intención de tomar el valor de mercado de las propiedades dejando de lado la construcción de indicadores que lleva a la obtención de un valor fiscal. Tomar una decisión así puede tener dos consecuencias altamente negativas: en primer lugar, si no se modificara la alícuota, el ABL podría sufrir aumentos que superen largamente el 1000%. Si la alícuota se llevara al 1% del valor de mercado (tope anual introducido por el macrismo en la Ley Tarifaria de la Ciudad tras los incrementos votados a fines de 2007), posiblemente el ABL se multiplicaría por tres, cifra que no se encuentra muy lejos de la pretensión públicamente señalada por el gobierno de conseguir recaudar al menos $ 3.000 millones más. En segundo lugar, tomar valuaciones de mercado para cobrar el ABL implica que la recaudación de la Ciudad quede en este aspecto atada a los vaivenes del mercado inmobiliario y, lo que es peor, que en un caso de fuerte caída de la actividad económica y de los precios de las propiedades como ocurrió en 2002, la recaudación por ABL se desplome junto con la recaudación por ingresos brutos . Si el impuesto hubiera tenido entonces esas características, sin duda la crisis hubiera sido aún más severa para las cuentas de la Ciudad (en 2002 el ABL representó casi el 16% de los ingresos).
De todas maneras, no está del todo mal tomar los valores de mercado para analizar disparidades que puedan existir frente al impuesto, pero no puede ser esa la base del cobro del mismo.

Los números de la Legislatura

Desde la comunicación del Gobierno de la Ciudad se ha utilizado la propuesta de creación de una Comisión de Reforma Tributaria presentada por Diputados de la oposición para intentar desligar al macrismo de la iniciativa de aumentar el ABL (como si los votos de sus legisladores no fueran indispensables para ello y como si muchos ciudadanos pudieran distinguir esa diferencia al momento de recibir la boleta). La ley requiere 31 votos para aprobarse, y el Ejecutivo cuenta con 26 legisladores propios (sobre un total de 60). En el pasado Macri ha sabido conseguir aliados para todo tipo de leyes, y habrá que ver qué compañeros consigue en esta ocasión.
Evidentemente las necesidades financieras se han vuelto acuciantes y las posibilidades de aumentar la deuda, habiendo acrecentado la de la Ciudad casi un 70% en sólo dos años, son bastante limitadas.

lunes, 15 de marzo de 2010

Nueva Ley de Reforma Política: Internas Abiertas (Parte II de IV)

La regulación de las elecciones internas abiertas que finalmente consagra el texto de la ley 26.571 tiene como una de sus particularidades (ya mencionada en la primera nota de esta serie) que su texto no ha sido debidamente incluido ni en el Código Electoral Nacional, ni en la Ley de Partidos Políticos, ni en la de Financiamiento. Este asunto, que puede soslayarse si se tiene en cuenta que al fin y al cabo se trata de una cuestión de técnica legislativa (para mí muy importante de todos modos) se vuelve trascendental si, como ocurre en este caso, la nueva ley se redacta con los errores que trataré de explicar del modo más sintético posible.
Debo recordar mi posición contraria a las internas abiertas, tal como lo señalé con motivo de la presentación del proyecto, pero ello no resulta obstáculo a señalar las falencias de la ley, así como no debería transformarse en un pero a la hora de analizarlas.
Tratemos de imaginar el escenario de la próxima elección presidencial y legislativa que se realizará en el año 2011. Con el texto de la ley aprobada, las internas se celebrarán el 14 de agosto de 2011 (afortunadamente se incluyó una fecha fija para las elecciones, algo que no se había hecho al presentar el proyecto) y nos encontraremos un cuarto oscuro lleno de boletas de los distintos partidos que aún conserven personería producto de mantener el piso de afiliados y que posiblemente la terminen perdiendo al no alcanzar el exigente piso electoral (casi el 3% de los votos válidos) al cabo de dos elecciones (la transición a la abrupta disminución de la oferta de partidos que va a generar la ley seguramente será un problema importante en el año 2011 y probablemente en el 2013 también, pero si la ley no es modificada sólo debería ser un problema momentáneo para la organización electoral).
El primer despropósito con el que se van a encontrar los votantes es que la ley prohíbe que las listas internas de los partidos puedan identificarse a través del nombre, sigla o logo de los mismos. Es decir, por algún motivo extraño (tal vez por la renuencia de Kirchner a usar el sello PJ), en vez de poder distinguir las boletas de las listas internas de cada partido por un encabezado común, la ley dice que cada partido debe distinguirse por la utilización de un color exclusivo (el único no exclusivo es el blanco).
No se entiende cuál es la perspectiva que lleva a pensar el fortalecimiento de los partidos políticos impidiendo la utilización del nombre partidario en una elección interna abierta. Algún impacto tendrá, alguien lo habrá estudiado, pero por ahora escapa a mi inteligencia saber qué puede tener eso de positivo.
Ya en el cuarto oscuro, el elector se encontrará con un par de novedades: la primera de ellas es que a pesar de votar en internas, se puede votar en distintas internas para cada categoría: una boleta roja para Presidente, una amarillo patito para Diputados Nacionales, y si toca en suerte se puede optar por un bonito verde esperanza para senadores. Por lo menos va a ser entretenido llevar a los chicos a votar. No será tan divertido asignar a los partidos (cientos y tal vez miles habilitados al día de hoy pero seguramente menos el día de la elección) un color para cada uno.
La segunda novedad es que no debería haber listas espejo, aunque probablemente persistan las colectoras ("Art. 22º: Los precandidatos que se presenten en las elecciones primarias sólo pueden hacerlo en las de una sola agrupación política, y para una sola categoría de cargos electivos"), aunque con la redacción sí podría haber listas espejo hacia adentro de las internas de los partidos, algo que además la ley de alguna forma alienta, como explicaremos más adelante.
El procedimiento para la presentación de listas internas de candidatos ha sido mejor detallado que en el proyecto original, pero aún presenta serias falencias que tienen que ver con algunas modificaciones que se produjeron producto de la negociación política y con algunos errores técnicos. Es así que cada lista interna tiene como obligación designar un responsable económico financiero, pero la responsabilidad de sus actos es compartida por la totalidad de los candidatos de la lista (pobre el que ocupe el 35º lugar de la lista de precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires si no le dan participación en las decisiones referidas a los gastos de campaña) y también por el partido político, a pesar de que éste lo sancione aún con la expulsión o que la lista interna haya sacado 3 votos (la ley sanciona a los partidos si los responsables de las listas internas no presentan rendición de gastos).
Además, se establece la obligatoriedad de presentar una plataforma electoral para cada lista interna, que los precandidatos deben comprometerse a cumplir mediante declaración jurada. Por un lado no está mal que los candidatos deban comprometerse a cumplir con sus plataformas, pero la ley no establece ningún tipo de sanción (de hecho muchas veces los electores premian con su voto ese tipo de conductas pero es otra discusión). Lo que no queda claro es que ocurre si el precandidato resulta perdedor de una interna para cargos legislativos pero termina integrando por una cuestión de distribución la lista del partido en la elección general. Imaginemos que dos listas de precandidatos por el Partido Justicialista tienen dos propuestas diametralmente opuestas respecto del sistema jubilatorio: volver al sistema de AFJPs o mantener la jubilación estatal (el ejemplo del partido es propicio ya que con sus votos se hicieron las dos cosas), ¿qué plataforma debería cumplir cada candidato si resulta elegido finalmente?
Para finalizar, decíamos más arriba que la ley alienta la presentación de listas internas y lo vinculábamos con la presentación de listas espejo: hasta hoy, era común la práctica de presentar boletas de distintos partidos con los mismos candidatos. La ventaja más palpable de esa conducta tenía que ver con el reparto de fondos públicos: a cada boleta le corresponde una parte por cantidad de votos y otra parte que se divide de acuerdo a las listas presentadas y la presentación de listas espejo servía no sólo para obtener una tajada mayor sino también para perjudicar al resto. Hubo un par de ejemplos notables (y groseros) en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la última elección.
El proyecto de ley presentado a fines del 2009 obligaba a conseguir para la presentación de listas internas una cifra elevada de avales que en el texto sancionado permanecen: 28.000 como mínimo para los candidatos a Presidente y 2.000 (o la cifra que surja del 2% del padrón en los distritos pequeños) en el caso de Senadores y Diputados Nacionales. Lo curioso (y absurdo) de este caso es que se agregó como alternativa la posibilidad de contar con el 1% del padrón de afiliados de cada partido en el caso de la elección presidencial y del 2 % de los afiliados en el caso de una elección legislativa. Es decir, con el texto de la ley 26.571 se puede intentar conseguir el aval de 2000 afiliados de un partido en la Ciudad de Buenos Aires para presentar una lista de Diputados Nacionales a una interna, pero la alternativa, supongamos un caso de un partido con 6000 afiliados, es de tan sólo 120 de ellos.
Una cifra tan pequeña seguramente alienta la competencia interna, pero también fomenta las conductas arriba descriptas, ya que la ley instituye que para la campaña de las internas abiertas los partidos reciben la mitad de lo que les corresponde en la elección general y esa cifra se debe dividir en partes iguales entre las listas internas. A modo de ejemplo, supongamos que de acuerdo al valor en que se fije el módulo electoral a los partidos se les otorga $ 3 por voto para la elección general y en consecuencia $ 1,5 para la elección interna. El partido que sacó más votos en la última elección en la Ciudad, el PRO, recibiría casi $ 1.000.000 para la elección interna. Toda una invitación juntar el 2% de los afiliados para hacerse de esos fondos.

martes, 9 de marzo de 2010

Nueva Ley de Reforma Política: Reconocimiento y subsistencia de los Partidos Políticos (Parte I de IV)


La serie de notas que se inicia aquí tiene como antecedente una cantidad similar de artículos que en su momento escribí para analizar el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional por Cristina Fernández de Kirchner. En esa ocasión propuse desglosar la reforma propuesta en cuatro ejes que voy a utilizar nuevamente para examinar el resultado del trabajo del Parlamento.
Entonces pasé por alto las cuestiones de técnica legislativa porque entendía que podían ser corregidas por la intervención de algunos Diputados o Senadores, amén de la gente que trabaja en las comisiones y en los despachos de los legisladores involucrados en el tratamiento de la iniciativa. No sé si habrá sido por urgencias propias de la velocidad impresa al tratamiento de la ley (algo que impidió reformas de cualquier tipo en el Senado) o por la poca disposición a generar muchos cambios en una norma que requería un consenso importante, pero lo cierto es que debo resaltar algunas fallas que me parecen llamativas. De hecho, en algunos casos puntuales haré referencia en la nota que corresponda.
La Ley 26.571 modifica tres normas: La Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298), el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 26.215). Hasta ahí nada fuera de lo normal, a pesar de que considero que la ley de financiamiento debería integrar la ley de partidos como un título o tal vez un libro de la misma. Lo que no parece correcto es que algunas regulaciones referidas sobre todo a las internas abiertas queden descolgadas de las leyes citadas. En vez de incorporar otras modificaciones a las tres normas, tenemos una norma más en la materia, lo que puede dar lugar a confusiones y errores de interpretación.
Por otra parte, se advierten fallas de redacción que dificultan la comprensión de la ley, errores de remisión y una extraña decisión de titular algunos artículos mientras que otros no, algo que, vale decirlo, ya venía como resultado de reformas previas a las normas arriba aludidas.

Nuevos Partidos

Hechas las aclaraciones preliminares, corresponde introducirnos en el primer eje: las condiciones para obtener el reconocimiento de un partido y cómo hacer para que la personería obtenida se sostenga en el tiempo.
Lamentablemente, creo que el resultado del tratamiento legislativo es una ley que en buena medida empeora el proyecto en cuestiones en las que no era decididamente malo. Si bien había manifestado que podría ser muy difícil crear partidos nuevos con el proyecto tal cual había sido presentado, la impresión que dejan las modificaciones es que ahora será mucho más complicado. Mientras el proyecto eliminaba el reconocimiento provisorio (que facultaba a los partidos nuevos a presentarse por única vez obteniendo cuatro mil avales o la cifra que corresponda en los distritos menos poblados del país), el texto final no sólo no lo suprime, sino que impide presentarse sin obtener el reconocimiento definitivo. Es decir, mientras antes era posible presentarse con los avales y en el proyecto se reemplazaba estos avales por afiliados, el texto aprobado obliga a juntar primero las cuatro mil firmas y luego los cuatro mil afiliados . En definitiva, el piso de afiliados se rebajó al valor histórico (probablemente fue incluido como herramienta de negociación), ya que el proyecto lo elevaba en un 20% (para los partidos nacionales hacían falta como mínimo 28.000, algo que también se suprimió finalmente), pero lo que es histórico ahora es la carga de requisitos.

Veto Parcial

Justamente este acuerdo legislativo fue el que finalmente veta en forma parcial la Presidenta. Con el texto que salió del Congreso se pretendía dar tiempo a los partidos con reconocimiento en curso a costa de limitar seriamente la aparición de nuevos partidos en el futuro. El veto genera un problema mayúsculo a quienes condicionaron su voto a la incorporación de una cláusula transitoria que postergaba la entrada en vigencia de la ley en este punto (permitiendo participar de la próxima elección con el reconocimiento provisorio en los términos otrora establecidos por la ley) y seguramente el escaso apego por los acuerdos parlamentarios del que hizo gala el kirchnerismo observando una ley vital para los intereses de algunos parlamentarios tiene algo que ver con los problemas que se tiene hoy en el Congreso y con el aglutinamiento de una oposición demasiado heterogénea para el paladar de cualquiera. Todos pierden.

Afiliados

En términos de mejorar la calidad de las afiliaciones, la ley obliga a los nuevos partidos a presentar fotocopias del documento de los nuevos afiliados (algo que para los partidos que ya cuentan con reconocimiento definitivo se obvió de hacer porque no se modificó en consecuencia otro artículo de la ley 23.298), pero no se avanza en el sentido de establecer mecanismos más transparentes para afiliar ciudadanos, como planteamos en la nota anterior sobre este tema.
Hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y que tiene que ver con el sostenimiento de los partidos existentes: la modificación del artículo 25° de la ley de Partidos Políticos. El texto de la ley decía que “la afiliación a un partido implicará la renuncia automática a toda afiliación y su extinción”, mientras que ahora el texto es: “Es condición para la afiliación a un partido la renuncia previa expresa a toda otra afiliación anterior”. La diferencia puede parecer sutil pero no lo es: mientras hasta ahora la práctica de los juzgados electorales era enviar una notificación a quien se encontrara afiliado a un partido intimándolo a presentarse o caso contrario quedar afiliado al nuevo partido (con enormes posibilidades de que la notificación no llegue a destino o el involucrado no pudiera presentarse en el lugar y fecha al que debía concurrir), ahora es necesario que renuncie en forma previa al partido al que se encontraba afiliado sino la afiliación no se tiene en cuenta.
No está mal la modificación, ya que el régimen anterior permitía el mercadeo de afiliaciones como ya lo conté en el post previo, pero su incorporación permite a los partidos vigentes no sufrir una sangría de afiliados que ponga en riesgo su subsistencia como tales. Parece que la intención apunta más por ahí.
Ligado a esto último se incorpora una cláusula que ya sonaba mal en el proyecto y en el texto definitivo quedó realmente peor: no se podrá otorgar la personería a partidos “integrados por ex afiliados a un mismo partido político declarado caduco que representen más del 50% de las afiliaciones requeridas para la constitución de un nuevo partido. Esto implica que si un partido presenta 8.000 nuevos afiliados, alcanza con que la cuarta parte de ellos haya estado afiliada a un mismo partido en los últimos 6 años para que el nuevo partido no pueda obtener reconocimiento (en el texto del proyecto debían ser más de la mitad, o sea 4.000 en el ejemplo). Me parece en este caso una muy seria limitación de los derechos políticos de los ciudadanos que pueden desencantarse con el rumbo de un partido, y ni hablar de quienes resulten perjudicados sin haberse afiliado previamente a otro partido. Claramente, se trata de una ley que intenta congelar un statu quo que no necesariamente representa en forma adecuada al conjunto de habitantes de nuestro país. De hecho, se está privilegiando la subsistencia de sellos partidarios que conservan una gran cantidad de afiliados producto de una historia más que de un presente.

Caducidad


Respecto de la caducidad, finalmente se redujo de tres a dos las elecciones consecutivas en las que no presentarse implica la pérdida de la personería y el piso de votos (también en una de dos elecciones sucesivas) permanece en al menos el 2% del padrón (aproximadamente un 3% de los votos válidos), lo que en combinación representa un piso que tal vez sea demasiado exigente. Obviamente estamos ante un panorama de alrededor de media docena de partidos nacionales en el mediano plazo, y algo similar podría ocurrir en cada distrito.
Además, la ley hace una incorporación respecto de las condiciones para ser candidato muy razonable impidiendo que se presenten personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra, violaciones a derechos humanos, torturas, etc. (art. 33° inciso f) de la ley 23.298). A tal efecto los precandidatos deben presentar una declaración jurada ante las autoridades partidarias en la que manifiesten no encontrarse comprendidos por las inhibiciones que establece la norma. Hasta ahí parece más que correcto el texto de la ley, pero lo que parece preocupante es que si una lista interna de un partido incorpora como precandidato a un ciudadano que falsea su declaración jurada, la sanción es nada menos que la pérdida de la personería del partido. Parece exagerada la sanción, y habría que distinguir el caso de que el partido conozca o no la situación. En todo caso, las autoridades partidarias deberán pedir a sus candidatos un certificado de antecedentes penales. No sé si tiene sentido, sobre todo con lo difícil que puede ser cerrar una lista para una elección interna y obtener a tiempo esa documentación.
Otra cuestión que tiene que ver con la caducidad se ha deslizado en un error de remisión en el nuevo inciso d) del artículo 50° de la Ley 23.298, que establece como motivo de caducidad la falta de cumplimiento de lo determinado en el artículo 7° inciso e). Como anteriormente no se distinguía entre reconocimiento provisorio y definitivo, el incumplimiento del mencionado inciso en su versión anterior implicaba la no realización de las primeras elecciones internas dentro de los seis meses de obtenido el reconocimiento. Pero ahora el artículo que refiere al reconocimiento definitivo es el 7° bis, y la obligación de realizar las internas está en el inciso b) de ese nuevo artículo. En consecuencia, la no realización de esas internas carece de sanción, y la sanción de caducidad termina siendo impuesta a la no presentación del acta de autoridades promotoras de partidos en trámite de reconocimiento provisorio.
El mismo sinsentido se genera en el inciso e) del nuevo artículo 50°, que obliga a mantener un piso de afiliados que no establece ya el artículo 7°, sino el 7° bis inciso a). Tal vez se lo pueda salvar con lo que dice por otro lado el texto (artículo 7° ter), pero el error es grosero.

lunes, 1 de marzo de 2010

Ideología en estado puro


(Ilustración: Federico Armada)

Un concepto repetido respecto del Presupuesto de un Gobierno es que se trata de la política traducida a números, pero en el caso de nuestro país (y la Ciudad de Buenos Aires no es una excepción), la existencia de facultades otorgadas a los poderes ejecutivos para mover partidas presupuestarias a su antojo hace de ese concepto una verdad un tanto relativa.
Por eso es importante ver qué es lo terminan haciendo los gobernantes con el presupuesto que se aprueba. Ya he mostrado en notas anteriores que Macri ha cambiado el destino de partidas destinadas a Salud y Educación para arreglar veredas y baches, por lo que se hace necesario ver con mucho detenimiento la ejecución del presupuesto.
En esta ocasión, voy a dar algunos datos respecto de la evolución de diferentes rubros de gastos durante los dos años de gobierno del PRO, evolución que muestra un fuerte retroceso de lo público frente a lo privado, abandono de las obras bajo tierra (con la excepción de las obras como la del Maldonado, de la que ya hablamos en particular) endeudamiento y gasto publicitario exorbitante.
Teniendo como parámetro (hay gastos que crecen mucho más y otros que llegan incluso a descender) una inflación 2008-2009 en torno al 49,5% acumulado (dejo al criterio del lector aceptar como buenas las cifras del INDEC o elaborar algún promedio propio de consultoras privadas como en este caso), los principales datos que encontramos en la ejecución correspondiente a ese periodo nos indican lo siguiente:

* Gastos 2009 respecto del cierre del año 2007: + 63,10%.
* Aumento de la recaudación por ABL: + 91,82%.
* Gastos Corrientes: + 57,21%.
* Gastos de Capital: + 46,69%.

* Educación Pública: + 49,47% (salarios docentes: + 49,06%).
* Inversión en Infraestructura Escolar 2009 respecto de 2007: + 4,48%.

* Instituto de Vivienda: - 17,42%.

* Infraestructura y Equipamiento en Salud: - 40,53%.

* Recolección de Residuos a través del Ente de Higiene Urbana (administra el sector que le corresponde al Gobierno de la Ciudad): + 34,75%.
* Recolección de Residuos. Empresas privadas: + 83,15.

* Ampliación de la red de Subterráneos: - 31,33%.


Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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