"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

jueves, 22 de abril de 2010

Aumento de los impuestos al consumo y la producción en la Ciudad de Buenos Aires


Buena parte de lo que se ha escrito en este blog tiene que ver con la gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno de la Ciudad. Es producto de una circunstancia temporal (recién el año pasado me empecé a dedicar a escribir en la web) y también consecuencia del seguimiento que a través de mi trabajo hago de los temas de la Ciudad.
Entre los temas que más he desarrollado se encuentran los vinculados con la gestión económica y financiera. Escribí lo que se puede considerar una especie de balance de mitad de mandato en septiembre del año pasado y, recientemente, un artículo bastante extenso sobre la política de endeudamiento de la Ciudad.
La gestión de los recursos de la Ciudad lejos está de lo que se plantea en la frase que encabeza esta nota. Más allá de que la inflación ha hecho quedar atrás las cifras entonces expuestas por Macri, lo cierto es que los ingresos han crecido por encima de cualquier previsión de inflación por dos motivos: por el aumento de los impuestos (100% promedio de ABL, sellos y en algunos casos ingresos brutos) y por la política de endeudamiento de la actual administración.

Aumentos Salariales

No obstante, y a pesar de que los aumentos de sueldos para empleados públicos son menores a los obtenidos en paritarias por los trabajadores del sector privado, se utiliza la negociación salarial como excusa para enviar a la Legislatura un proyecto tendiente a aumentar en medio punto la alícuota general de Ingresos Brutos que pagan casi todas las actividades comerciales y productivas de que se desarrollan en el territorio de la capital de la República.
Quiero ser preciso respecto a la cuestión salarial en la administración Macri, porque se trata de un tema que no sólo produce inquietud entre los trabajadores sino también en los ciudadanos que pagan impuestos. Es importante dejar bien en claro por qué considero que la negociación salarial se utiliza en este caso como excusa: si observamos lo que significa en el gasto total de la Ciudad el inciso 1º (el pago de salarios de docentes, médicos y trabajadores municipales), encontramos que representaba en el año 2007 un 50,98% de las erogaciones, mientras que en el año 2009 encontramos que representó el 49,14%. Esto significa que a valores del año 2009 los trabajadores públicos de la Ciudad perdieron participación en el gasto en una cifra que ronda los $ 300 millones.
Cualquiera podría imaginarse que los sindicatos (SUTECBA el más importante) no pudieron evitar que Macri destinara más dinero a obras que lo que se destinó en 2007, pero la diferencia no se la llevó la inversión real directa: mientras en 2007 las obras públicas se llevaron el 14,49% del gasto, en el año 2009 su participación cayó al 13,27%.

Presupuesto 2010

Una de las críticas que se hizo al proyecto de ley de Presupuesto 2010 (finalmente aprobado sin modificaciones al respecto) fue que no contemplaba aumentos salariales para el personal. También que las previsiones respecto de inflación y crecimiento del producto bruto geográfico eran ridículamente bajas, al punto que en el caso de la estimación de inflación se calculaba un 6,5% que era casi el mismo número que el PRO criticó en el Congreso Nacional (la estimación del Gobierno Nacional fue en este caso del 6,1%). En el caso del Producto Bruto Geográfico, se estimó un crecimiento de 1,5%.
En la práctica, la inexistencia de previsiones de crecimiento e inflación realistas combinada con la ausencia de recursos programados para aumentos salariales obliga a una rediscusión del presupuesto toda vez que en algún momento las partidas presupuestarias aprobadas han de tornarse insuficientes. Durante los últimos años, los efectos de la inflación han provocado la ampliación de diversas partidas a través de la Legislatura, pero siempre en la segunda mitad del año.
Esta vez, el Jefe de Gobierno propone modificar el presupuesto en abril.
Resulta extraño. Si bien se han presentado proyectos de Declaración solicitando al Poder Ejecutivo que envíe una propuesta de modificación del Presupuesto que contenga estimaciones realistas, la gran particularidad del texto presentado el día 22 de abril por Mauricio Macri es que carece de estimación alguna: solo se afirma que "puede observarse que la expectativa inflacionaria es mayor a la prevista en su momento, del mismo modo que se nota un mejor nivel de actividad".
Si en algo se parece Macri a esa "cualquier ama de casa" que gestiona su economía, es en esta forma de anoticiarse de que la inflación prevista no era correcta. Porque del Ministro de Economía para abajo, no debe tener a nadie que le entregue un número, aunque sea aproximado, de qué inflación estimar. Presentar una nueva evaluación de ingresos sin poder entregar a los legisladores aunque sea un número para que se pueda analizar las cuentas públicas es poco serio.
Según el proyecto del Jefe de Gobierno, hacen falta $ 1.100 millones. Aproximadamente la mitad surgiría de la reestimación de las variables macroeconómicas y para el resto hace falta aumentar Ingresos Brutos.
Ingresos Brutos es la principal fuente de financiamiento con la que cuenta el Gobierno de la Ciudad. Se paga igual que el IVA, y aumentar la tasa en medio punto provocaría exactamente el mismo efecto sobre los precios de los bienes y servicios que se producen y comercializan en la Ciudad que si el IVA pasara a ser del 21,5%.
Si al Gobierno Nacional se le ocurriera aumentar el IVA en un contexto de alta inflación, sería un escándalo. Ni hablar si durante la campaña se hubiera prometido no subir los impuestos, algo que en la Ciudad se hizo, probablemente a un cierto costo político.
Qué diríamos entonces si además los mismos que ahora quieren subir un impuesto pretendieron bajarlo cuando eran oposición. Porque en el 2006, el macrismo había presentado un proyecto precisamente para disminuir la alícuota general de Ingresos Brutos al 2,7%. En ese entonces, el argumento era que "una visión más equilibrada y respetuosa del dinero de los contribuyentes nos sugiere que tal vez llegó la hora de reconocer que sobran ingresos de manera estructural". El autor del proyecto al que se dio el número de expediente 645-D-06, Mario Morando, agradeció en los fundamentos el asesoramiento de los equipos técnicos de la Fundación Creer y Crecer, que por ese entonces lideraba el actual Ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti.

Oportunidad y conveniencia

Cabe preguntarnos cuál sería el motivo para cambiar las estimaciones de crecimiento e inflación en abril y aumentar la alícuota en paralelo a esas nuevas estimaciones. Una lectura posible es que si se contara con estimaciones de crecimiento e inflación realistas se podrían obtener los recursos sin necesidad de aumentar los impuestos.
Esta afirmación puede sostenerse en las cifras de recaudación del primer trimestre del 2010 respecto de Ingresos Brutos suministrados por el ente recaudador de la Ciudad. Según los datos suministrados, la recaudación creció en el primer trimestre un 12,7%, es decir más de el doble de lo estimado por la ley de Presupuesto vigente (el 6,2%).
En un informe del mes de marzo, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo directorio es controlado por el PRO, resume la situación respecto de la inflación: la inflación se convierte en el principal problema de política económica. En primer lugar, porque en los últimos 3 meses la tasa de inflación navega a un ritmo anualizado superior al 30%. Aún quitando de la cuenta el rubro “alimentos y bebidas”, la inflación en el resto de los rubros no baja del 20% anualizado. En segundo lugar, porque no hay nadie en el gobierno que se sienta responsable, ni siquiera preocupado, por la tasa de inflación. En tercer lugar, porque los números de asistencia monetaria al Tesoro que se proyectan no lucen como un problema de “caja chica” que pueda ser fácilmente digerido por la economía o retirado alegremente del mercado vía notas del Banco Central.
Con estas afirmaciones, parece poco prudente lanzarse a aumentar los impuestos, especialmente los impuestos al consumo (por cierto los aumentos no recaen sobre otras actividades como los servicios bancarios), dado el impacto que sobre bolsillos ya castigados por la inflación ha de tener. Tengamos en cuenta que la alícuota general explica gran parte de la recaudación de ingresos brutos y que medio punto implica un aumento de la recaudación por las actividades sobre las que cae el incremento del 17%.
En definitiva, se están buscando recursos que muy probablemente se consigan por el efecto de la inflación y se esconde la razón por la que se los intenta recaudar.

miércoles, 21 de abril de 2010

Profundidad periodística



La Nota del diario La Nación que ilustra este post tiene que ver con un relevamiento, hecho por una universidad privada, respecto de los valores de los departamentos en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Francamente me interesa poco el contenido del informe, pero si para ilustrar una nota sobre propiedad horizontal en la Capital Federal (a la que edificios por cierto no le faltan), usamos una foto tomada en Mar del Plata...

PD: la inmobiliaria del cartelito en el balcón queda en la Avenida Colón, para más datos.
PD2: Encima escrachan al fotógrafo al pie de la imagen.

martes, 20 de abril de 2010

Lecturas del fallo de la Corte Internacional de Justicia



La Corte Internacional de Justicia es un tribunal jurídico y a la vez político. Su composición, más allá de que la integren juristas de trayectoria reconocida, es decidida en el seno de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sus fallos tienen contenido jurídico, por supuesto, pero son a la vez fallos políticos.
Teniendo en cuenta todo esto, es muy difícil que la Corte otorgue toda la razón a una de las partes en un conflicto determinado. Creer que la controversia entre Argentina y Uruguay respecto de la pastera Botnia iba a terminar con un mandato expreso para erradicar la planta era esperar demasiado de una sentencia de este tipo.
Probablemente por eso muchos medios y políticos opositores se lanzaron a aprovechar la ocasión para pegarle al Gobierno. La imposibilidad de una victoria total y absoluta (habitual en controversias internacionales) sirve en estos casos para vender capitulaciones. La encuesta que muestra la ilustración invita a opinar sobre una derrota, sin más.
Una visión un poco menos sesgada propone pensar que se trata de un fallo salomónico: por un lado se permite el hecho consumado de la papelera ya instalada, pero por otro se declara responsable a la República Oriental del Uruguay por haber violado el tratado que rige la gestión bilateral del río.
Sin embargo, en mi opinión el fallo es favorable a la Argentina. Obviamente es imposible dárselo a entender a los asambleístas de Gualeguaychú y ni el Grupo Clarín ni Elisa Carrió van a reconocerlo jamás, pero declarar la responsabilidad de un Estado en una controversia jurídica internacional tiene un peso político insoslayable. No es casual, en este sentido, que la Corte Internacional de Justicia afirme en la parte resolutiva del fallo que dicha declaración "constituye satisfacción apropiada" del reclamo argentino. Cuando los funcionarios uruguayos se sienten en el futuro a discutir con sus pares argentinos, la violación del tratado (unánimemente declarada por la C.I.J. con la excepción del Juez ad hoc uruguayo y en forma inapelable), estará siempre presente.
Por otra parte, la obligación que tendrá Uruguay, de ahora en más, de respetar los mecanismos procesales del Tratado y en consecuencia de dar participación a la Argentina, harán mucho menos viable la posibilidad de que se instalen otras plantas que puedan afectar el ambiente del río.
Además, el fallo, si bien dice que Argentina no logró probar daño ambiental, reconoce que algunos valores de determinadas sustancias se encontraron puntualmente por encima de estándares deseables, situación que de repetirse y generalizarse podría sí en un futuro complicar a Botnia. En el peor de los casos, los controles serán intensos y los ciudadanos de Gualeguaychú podrán contar con información más confiable.
Fogonear con micrófonos las posturas maximalistas de algunos asambleístas es por lo menos irresponsable. Queda por delante la reconstrucción de la relación bilateral (con una carga importante para la parte que incumplió el tratado, por cierto) y de los mecanismos necesarios para preservar el medio ambiente en la zona, mecanismos que deberían contemplar en lo posible canales de información ( e incluso de participación) de los interesados para dar lugar a una solución racional y adecuada del tema.

sábado, 10 de abril de 2010

Quórum

(clic en imagen para ver en tamaño completo)

No hace mucho tiempo publiqué una nota titulada "Fomentando la ignorancia", en la que hablaba de los problemas para obtener quórum en el Senado. Decía entonces que la caída de las sesiones "puede convertirse en moneda corriente entonces, y debemos tratar de conocer el funcionamiento de las instituciones (subrayo que el quórum es un elemento fundamental del mecanismo institucional) antes de comprar opiniones interesadas al respecto."
La imagen que ilustra estas líneas muestra un artículo del diario La Nación en el que se informa sobre la reacción del kirchnerismo respecto del anuncio de Julio Cobos, quien realizaría un descuento sobre las dietas de los Senadores que no se presenten a la próxima sesión. En el cuadro que sobresale, se observa un apoyo a la medida del 92,1% de quienes votaron en la encuesta on line del periódico, sobre un total de 14.202 votos.
No es que me tome demasiado en serio las encuestas de La Nación porque de hecho no son serias. Cualquiera puede votar infinidad de veces (hay mucha gente que trabaja de eso y de participar en los foros) y aún si eso no fuera posible el perfil de los lectores del diario fundado por Mitre no representa demasiado al conjunto de la población. Pero más allá de eso, creo que hay una opinión mayoritaria favorable respecto de la medida del Vicepresidente, fogoneada por medios de comunicación (destacan por supuesto el Grupo Clarín y La Nación) que no paran de hablar de "paralisis legislativa".
Hay una serie de elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el recinto no es, a pesar de lo mucha gente cree, el centro del trabajo parlamentario. Si bien es el más importante, ya que es el lugar en el que se toman las decisiones finales, apenas se trata de la frutilla del postre: casi nada se decide en las bancas, sino que la sesión es el producto de todo un trabajo previo que pasa por el análisis de un tema, el estudio de alternativas, su concreción en proyectos y el trabajo de las comisiones de asesoramiento que le dan forma al texto que se ha de aprobar. Si todo ese trabajo está bien hecho, lo que queda no es más que una puesta en escena: cada sector político bajará al recinto a defender su posición y a argumentar respecto de lo que votan los demás, y se impondrá la mayoría.
En segundo lugar, y producto de todo ese trabajo previo, al recinto llegan los temas que cuentan con acuerdo mayoritario. Ninguna minoría puede por sí sola imponer un tema en la agenda. El problema del Senado es que los números entre oficialismo y oposición son tan ajustados que ningún sector puede decidir los temas de la sesión, lo que dificulta enormemente que se llegue al quórum, pero eso no significa para nada que alguien trabaje menos de lo que debe. Es probable que ocurra lo contrario: cuanto más difícil es alcanzar consensos, más hay que trabajar en ellos.
Por último, el mundo no se termina si las Cámaras no logran sesionar. Su conformación no representa otra cosa que las diferencias políticas en la sociedad, y los estados de virtual empate no son necesariamente malos. No toda ley que se aprueba o reforma es mejor ni necesariamente peor. Lo que hay es una puja de intereses, en la que algunos sectores desean imponer una agenda que, mal que les pese (o nos pese, de acuerdo a que tema se trate), no tiene consenso mayoritario en el Congreso ni cuenta con el acuerdo del Poder Ejecutivo.
Decía Clarín el 22 de agosto de 1998: "Carlos Menem quiere cobrar caro el nuevo tropiezo en Diputados del proyecto de ley de reforma laboral. Tras haber advertido el jueves que impondrá la iniciativa del Gobierno por decreto, ayer llamó ñoquis profesionales y corruptos mensualizados a los diputados de la oposición que no dieron quórum para su tratamiento." El título de la nota, en un tema particularmente importante para intereses empresarios, fue ni más ni menos que "Los diputados de la Alianza son corruptos mensualizados" (y ojo que las comillas son mías, no del diario que pareció tomar como propias las palabras del ex Presidente).
Tengamos cuidado con los discursos que compramos.

jueves, 8 de abril de 2010

Deuda más deuda

Imaginemos que usted desea ampliar su casa agregando 200 metros cuadrados. Sus ingresos anuales le permiten ir sumando habitaciones por unos 10 metros cuadrados por año. La cuenta es más que sencilla: a ese ritmo tardará 20 años en terminar su hogar tan soñado.
El capitalismo le permite una alternativa: puede disfrutar de su casa en pocos meses a través del uso del crédito, obteniendo hoy los recursos y pagando, entre capital e intereses, por un lapso un poco más prolongado que esos 20 años que le hubiera tomado terminar la casa sin contar con esta posibilidad.
Tomar en ese caso la decisión de endeudarse puede ser positivo. Aún a tasas no muy bajas, si ve que puede pagar las cuotas y que lo que iba a tomar 20 años tomará 26, la tentación de disfrutar la vivienda concluida en muy poco tiempo es grande. Millones de personas toman la decisión de hacerlo en el mundo, ya sea en los casos de créditos hipotecarios como créditos para el consumo, con los que se accede a un coche más bonito o se puede comprar una heladera más grande si la familia se agranda.
Ahora supongamos que alguien le acerca la siguiente propuesta: el préstamo no es sobre el total de lo que necesita para terminar la casa sino para sumar sólo 30 metros cuadrados. Con su mismo nivel de ingresos pasará los próximos 5 años pagando el crédito, por lo que durante ese lapso no podrá agregar nuevos metros. Es decir, su casa queda lejos de estar terminada, el crédito es caro y lo que se adelanta hoy implica un retraso en un futuro cercano. Además, como se trata de un bien que a usted no le genera ingresos adicionales, tampoco puede justificar por ese lado endeudarse.
La decisión probablemente sea distinta de la del primer ejemplo, aunque la racionalidad es difícil en estos casos porque se trata de prever eventos futuros. Tal vez usted guarde la esperanza de que sus ingresos puedan aumentar a tiempo para sostener el ritmo inicial de la obra, cualquiera puede sacarse la lotería y por qué no usted.
En el día de ayer se presentó en la Comisión de Presupuesto el Director de Crédito Público de la Ciudad de Buenos Aires, a brindar explicaciones a los legisladores respecto de una operación de endeudamiento que tiene mucho más que ver con el segundo ejemplo que con el primero. Lo hizo justamente el mismo día en que la justicia de la Ciudad frenó una operación para tomar deuda a través de la sociedad anónima que se encarga de las autopistas de la Ciudad (AUSA), empresa controlada por el Gobierno de la Ciudad. A la política de endeudar a Buenos Aires por los cuatro costados, que intenté resumir en la nota anterior, se sumaba este intento de eludir a la Legislatura tomando u$s 150 millones a través de una empresa controlada por la Ciudad.
Las críticas de los legisladores de la oposición se basaron en dos puntos de la colocación que la Ciudad acaba de concretar por u$s 475 millones: la tasa del 12,5% anual y las comisiones del 2% sobre el total de la emisión pagadas al Credit Suisse y a una consultora denominada KBR, que tiene en su directorio a gente vinculada políticamente al PRO.
Las justificaciones del funcionario fueron que la tasa se encontraba por debajo de la autorizada por la Legislatura para el FOISO (una Legislatura en la que el PRO impuso su mayoría para aprobar la ley 2789 con aliados más que habituales) y que había otras operaciones en el mundo que habían pagado comisiones incluso superiores. Pero había un punto que el funcionario no podía siquiera intentar explicar porque excede largamente a su función: ¿por qué tomar u$s 300 millones para el subte, todos ya mismo, cuando la ejecución de las obras no superó el último año el 30% del presupuesto? ¿Cómo van a lograr ejecutar $ 1.200 millones en un año si en el 2009 sólo se utilizó el 10% de esa cifra?
La respuesta fue que se podía poner el dinero en un plazo fijo en el Banco Ciudad, a una tasa menor, claro está.
Negocio inexplicable. Más aún cuando el objetivo es pobre: terminar 7 estaciones de subte (buena parte de ellas construida ya por administraciones anteriores). Muy lejos de los 10 kilómetros por año prometidos en la campaña y mucho más del objetivo de terminar las varias líneas de subte ya planificadas hace tiempo.
Un costo altísimo para que Macri pueda mostrar en la próxima campaña electoral que avanzó algo. Sobre todo cuando el Director de Crédito público explicitó que el cálculo que se hace para endeudar a la Ciudad es la existencia de "superávit operativo" (ingresos corrientes más altos que los gastos corrientes) como condición de sustentabilidad de la política de crédito. Como si el Presupuesto no tuviera que contemplar dinero para hacer obras (justificación que además se utiliza para subir impuestos). Como si el Gobierno de Macri tuviera el derecho de expandir al infinito el gasto corriente a costa de los fondos que futuros gobiernos tendrán para hacer obras.

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