"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales" Bertolt Brecht

jueves, 28 de abril de 2011

La Ciudad y el equipamiento hospitalario


Cuando un domingo de mayo de 2008 abrí el suplemento Zona del diario Clarín (en ese entonces lo compraba todavía), lo primero en lo que pensé fue en cómo los medios de comunicación masiva suelen ser de gran ayuda cuando se intenta imponer un negocio a costa de los ciudadanos. Ni bien vi el artículo cuya imagen encabeza este post recordé automáticamente el proyecto que el 8 de abril de ese mismo año el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había presentado en la Legislatura de la Ciudad y al que se había asignado el número 529-J-2008 (en la página del Cedom se puede buscar el proyecto). Lo recordé y pensé en la presión de los medios porque el debate era fuerte y no se vislumbraban grandes posiblidades de acuerdo.
En la nota de Clarín se describía la crítica situación en materia de equipamiento de los hospitales. Algunos de sus párrafos merecen ser citados:
"Un listado básico de lo que falta: al menos tres resonadores magnéticos (un millón de dólares cada uno), no menos de seis tomógrafos computados (500 mil dólares cada uno), mesas de cirugía para operar, equipos de hemodiálisis, respiradores pediátricos y de adultos, ecógrafos básicos, equipos de rayos X. Todos elementos elementales de trabajo, cuyo funcionamiento es fundamental en la medicina moderna, pero que escasean o funcionan mal o están rotos para siempre porque, de tan viejos, ya no se consiguen repuestos. Y faltan a montones, en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad, y desde hace años."
"Lo único positivo de esta crisis es que, al menos, es admitida por todos los sectores de la Salud y por todas las banderas políticas. La cuestión es cómo resolverla. El ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus, propone que la única solución es con fondos extraordinarios al presupuesto, lo que por ahora es resistido en la oposición."
La negrita es mía, y resalto el texto porque tiene que ver con lo que decía más arriba. Una catástrofe descripta por el diario, y la oposición que asume una posición tan repudiable.
Siguiendo con el texto, tras el diagnóstico venía la única solución posible:
"¿Cómo se soluciona? Con inversión, con bastante plata. El gobierno porteño elaboró un proyecto de ley que implicaría endeudar a la Ciudad en 150 millones de pesos para poder comprar un poco de todo: resonadores, tomógrafos, mamógrafos, mesas de anestesia, equipos radiográficos y hasta respiradores pediátricos, un elemento básico que durante 2007, cuando estalló la epidemia de la bronquiolitis, hubo que salir a pedir prestado a clínicas privadas."
Todo esto acompañado de un editorial, cinco días después, titulado "La crisis del sistema de salud porteño", en el que se destacaba (esta vez la negrita es del diario) que uno de los ejes de dicha crisis era el "atraso tecnológico por falta de inversiones"
¿Cúal era la causa del conflicto en la Legislatura ante tamaña y evidente necesidad? Lo que ocurrió fue que el listado de equipos necesarios que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura, más o menos a finales de abril había sido objeto de una denuncia por parte de Aníbal Ibarra, que en su página web detalló que el listado de equipos que supuestamente había elaborado el Gobierno de la Ciudad tras el relevamiento de las necesidades de los hospitales, incluía una marca “G-Scan” que, "casualmente, era producida y comercializada por una firma italiana:Esaote SA”."
Por ese motivo, se envió una nota a las Comisiones de Salud y de Presupuesto, solicitando la siguiente información:

  • Relevamientos realizados en los años 2007 y 2008, detallando las solicitudes de cada Hospital.
  • Criterios utilizados para dar lugar o no a las solicitudes, y para destinar equipamiento no solicitado por los hospitales.
  • Costo estimado de los equipos que componen el anexo del proyecto de ley.
  • Necesidades de personal relevadas para operar los equipos, y plan de incorporación de dicho personal.
  • Estado del préstamo PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Necesidades que se pueden cubrir a través del mismo y estado de la licitación 13/08.

No se pedía nada del otro mundo. Se solicitaba la información básica necesaria para saber si el listado de equipos había sido correctamente efectuado (es decir, de acuerdo a las necesidades del sistema de salud), o el listado correspondía efectivamente a saldos ofrecidos por una empresa extranjera.
La información jamás fue brindada por el Poder Ejecutivo y eso se plasmó en uno de los despachos de minoría.
El oficialismo logró que se emitieran los dictámenes el día 24 de junio del 2008. Casi a modo de refuerzo, el mismo diario Clarín publicó una nota, tres días después, titulada "Hay días en que funciona sólo un tomógrafo para los hospitales", en la que mencionaba que el problema era "parte de una crisis que Clarín reveló hace un mes". El párrafo más saliente, a mi entender, era éste:
La tecnología que poseen los hospitales porteños caducó. Y se somete a la aparatología a un reciclado constante: un día se rompe un tomógrafo, al otro día se rompe otro, entonces se satura un tercero que luego se descompone justamente por la alta demanda. Así todo el tiempo, con un funcionamiento heterogéneo , le dijo a Clarín Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales. Gilardi considera que lo más importante es la recuperación de la tecnología. En este sentido el Poder Ejecutivo impulsa en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca endeudar a la Ciudad en unos $ 150 millones de pesos para financiar la compra de tomógrafos, resonadores, mamógrafos y camillas de anestesia. El proyecto ya se encuentra en la Comisión de Salud y Presupuesto de la cámara y este jueves sería tratado por los legisladores. Un tomógrafo cuesta unos US$ 500.000 y un resonador, US$ 1 millón.
 Más interesante aún es lo que dice un pequeño artículo de opinión que acompañaba la nota, firmado por Guillermo Allerand. Creo que vale la pena citarlo completo:
Paradójicamente, la Ciudad necesita endeudarse en 150 millones de pesos para saldar una deuda que tiene con su sistema de salud. El Gobierno porteño espera que la Legislatura le apruebe un gasto a través de un bono para poder comprar algo que ya no puede esperar: aparatos de diagnóstico por imágenes modernos, que sirvan para la prevención y seguimiento de enfermedades no sólo de los habitantes de la Capital, sino de aquellos que llegan a atenderse desde el Gran Buenos Aires o incluso desde el Interior. Aquí no puede seguir dilatándose el tema bajo ninguna condición política. Es la salud de la gente.
 La negrita, una vez más a mi cargo, resalta el concepto más importante. No importa de lo que se trate, lo que sea que se esté haciendo está bien.
La ley se aprobó el 3 de julio de 2008.

La caída de la licitación

A pesar de que la ley logró aprobarse bajo supuestas garantías de imparcialidad en la licitación (se sacaron las denominaciones de equipos que daban exclusividad a la firma italiana), la derivación fue casi previsible:  la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 17/DGCyC/2008 dio como resultado que sólo fue "Conforme Legal y Administrativamente" la propuesta de la firma "INSO SISTEMI PER LE INFRASTRUTTURE SOCIALI S.P.A." Como relata Página 12 el día 29 de noviembre de 2008:
"La observación del diputado" (por Ibarra) "hizo que en aquel momento, cuando se aprobó la ley, se sacara el nombre de la marca. Pero tiempo después, el 15 de octubre último, cuando Lemus fue a la Legislatura a dar un informe, Ibarra quiso saber si a esa licitación se había presentado una empresa italiana. “Se presentaron cinco empresas”, respondió Lemus, sin dar más precisiones. Una semana después, el procurador Pablo Tonelli emitió su dictamen sobre esa licitación: se habían presentado cuatro empresas, de las cuales una se retiró antes de ser evaluada y otras dos fueron descalificadas porque presentaron de manera incompleta la documentación que se les exigía. ¿Cuál quedó? La italiana Inso Sistemi per le Infrastru-tture Sociale. “Otra vez Google me permitió saber que esta empresa es socia de E Saote en emprendimientos en Italia, Chile y Uruguay”, dijo Ibarra. (...) Lemus manifestó desconocimiento acerca de este proceso, por lo cual el legislador le sugirió que “averigüe, no sea cosa de que usted quede involucrado en una situación irregular”."
Poco tiempo después,a través de la RESOLUCIÓN Nº 90/GCABA/MSGC/09, del 3 de febrero de 2009, se dejó sin efecto la licitación con estos argumentos:
Que tan escasa participación de oferentes en la etapa decisiva del trámite licitatorio dificulta la selección de la mejor oferta para la contratación prevista en la Ley 2780;
Que la adquisición del equipamiento hospitalario previsto en dicha norma resulta ser, por su cantidad, magnitud y complejidad, la mayor de las últimas décadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que debe asegurarse la mayor transparencia economía, eficiencia y eficacia en su trámite;
Que asimismo es dable destacar el hecho que a través de adquisiciones efectuadas por el propio Ministerio de Salud y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha incorporado nuevo equipamiento hospitalario, conlleva la posible necesidad de replantear los requerimientos oportunamente relevados para esta contratación, lo cual podría incluso podría tornar preciso efectuar actividad legislativa tendiente a realizar cambios en los Anexos de la Ley N° 2780;
La ejecución del presupuesto

Cualquiera podría pensar que la preocupación por dotar a los Hospitales y Centros de Salud de equipamiento adecuado era genuina, y que de acuerdo al texto de la Resolución se buscarían caminos alternativos para resolver un problema tan acuciante.
He señalado en artículos anteriores la preocupante baja de la participación presupuestaria de las áreas sociales, y en particular he mencionado al Ministerio de Salud como uno de los grandes perdedores de la política presupuestaria del PRO.
Lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que durante la gestión de Mauricio Macri el Ministerio de Salud perdió dos puntos de participación en el presupuesto, lo que a números del 2010 equivaldría a unos $ 420 millones.
El gráfico siguiente muestra la participación de la inversión en maquinaria y equipo (rubro que incluye desde los equipos más básicos a tomógrafos y ambulancias) dentro del total del gasto en Salud. Es fácil notar que, aún con una menor participación en el total hay una caída abrupta de la inversión que se acerca mucho a los niveles del peor año de la crisis que se desató a principios de este siglo en la Argentina:


Más claro se nota cuando observamos la relación con el total del gasto:


El promedio del periodo 2003-2005, en torno a un tercio de punto (con un pico del 0,44% del total de gastos en 2004) equivale a números del 2010 a unos $ 70 millones, mientras que en el 2010 se invirtió sólo $ 13,59 millones:


Este cuadro, vale aclararlo, no está realizado en base a valores reales sino nominales. Aún así, es más que evidente la brutal caída de la inversión en maquinaria y equipo de Salud. De hecho, la inversión del año 2010 es menor a la del 2004, a pesar de que el gasto total del año pasado multiplicó por cinco lo que la Ciudad había gastado entonces. Más aún, si comparamos los últimos tres años de la gestión Ibarra con los últimos tres años, la inversión durante el periodo de Gobierno del Ingeniero Macri es sustanciamente menor (poco menos de $ 38 millones contra casi $ 46 millones del ex Jefe de Gobierno), y apenas superior a lo que se invirtió en sólo dos años durante la gestión de Jorge Telerman (casi $ 33 millones). Vuelvo a subrayar que se trata de valores nominales.
Esto en parte se explica por los niveles de ejecución presupuestaria del área. Los resultados tienen en buena parte que ver con una política presupuestaria de presentación de objetivos enormes cuando se envía el presupuesto a la Legislatura (en parte basados en el impacto presupuestario del denominado Plan de Equipamiento Hospitalario del que estamos hablando), pero los datos son elocuentes (cabe aclarar que en el caso del 2002 se recondujo el presupuesto y se asignó una cifra muy pequeña, lo que distorsiona el dato porque verdaderamente se invirtió muy poco):


La tendencia, que hasta el 2006 fue de sobreejecución del presupuesto, se convirtió en una fuerte subejecución. La lógica conclusión es que el único objetivo del Plan de Equipamiento Hospitalario era efectivamente comprar un paquete cerrado a un oferente único y que la evidencia de la maniobra terminó dejando al descubierto otra cuestión innegable: el equipamiento hospitalario está muy lejos de ser un objetivo de política pública para el PRO.

martes, 26 de abril de 2011

¿Puede Macri volver a ser candidato a Jefe de Gobierno?

 Foto: http://publicaronline.net/

En julio del año pasado escribí un post relacionado con el escándalo de las escuchas ilegales en el que analizaba los mecanismos de crisis y respuesta institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Hacía entonces un cotejo de la arquitectura del sistema político que se había plasmado en la Constitución porteña y mencionaba, entre otros detalles, el artículo 57º de la Carta Magna local, que establece el impedimento a la designación de funcionarios públicos procesados por delito doloso en perjuicio de la administración pública (sin especificar siquiera la necesidad de que dicho procesamiento sea firme).
ARTICULO 57.- Nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública.
El funcionario que fuese condenado por sentencia firme por delito contra la administración, será separado sin mas trámite.
Durante el debate de la Convención Constituyente, la inclusión del artículo 57º generó discusión respecto de dos aspectos: el alcance del término “funcionario público” y la posible violación del principio de presunción de inocencia al impedir que un funcionario sea designado sin haber sido condenado. Respecto del primero de estos aspectos, decía la Convencional Patricia Bullrich: “siguiendo al profesor Bielsa, lo concretaremos aun más, afirmando que quienes concurren o expresan la voluntad del Estado, son Funcionarios Públicos; en tanto aquellos que simplemente ejecutan los actos de los anteriores son empleados”. (VT 16, pág. 1823) Por su parte, la Convencional Ginzburg decía: “Es indiscutible el acuerdo general con el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Entendemos que debe extenderse a todos aquellos que bajo una denominación cualquiera, sea por elección popular, por delegación del Poder Ejecutivo o cualquier otra forma de designación, están investidos de un mandato cuya ejecución se vincula a un interés de orden público.” (VT 14, pág. 1770).
Es importante destacar que el artículo 57º integra, junto con el artículo 56º, un capítulo denominado “Función Pública”. El artículo 56º es en el único en toda nuestra Constitución en el que se establece la obligatoriedad de presentar declaración jurada de bienes, algo que por cierto incluye a todos los funcionarios electivos, como los Diputados y el Jefe de Gobierno
Respecto de la segunda materia de debate, la presunción de inocencia, decía el Convencional Zaffaroni: “vamos a generar una inhabilitación al margen del Código Penal, incluso no para penados sino para procesados, es decir, por las dudas, cuando todavía está vigente el principio de inocencia” (VT 16, pág. 1790). La respuesta del Convencional Garré, a esta preocupación, fue que “cuando hablamos de casos de procesamiento –según dice el proyecto de texto– nos referimos a los funcionarios que van a asumir un cargo. Con respecto a los que están en ejercicio, no estamos pidiendo su separación del cargo aunque tengan un auto de procesamiento, en función de la presunción de inocencia. Para este caso jugará la conciencia del funcionario y la opinión del público en el caso concreto” (lo que ha jugado, en este caso, un rol fundamental para el macrismo ha sido contar con un bloque de 24 Diputados, porque la conciencia del involucrado indicó hacerle caso a Durán Barba y buscar victimizarse con fuerte apoyo mediático frente a la actuación de varios jueces y fiscales de diversas instancias).
Volviendo al tema de la función pública, uno de los comentarios del post arriba citado hacía referencia a la Convención Interamericana contra la Corrupción (ratificada por ley 24.759 en nuestro país), que en su artículo primero define "funcionario público":
 "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.  (la negrita es mía)
Es así que cualquier persona que pretenda ocupar un cargo en la Ciudad debe presentar un certificado de antecedentes penales, entre otros papeles, y si se encuentra alcanzado por un proceso penal del tipo indicado en la Constitución de la Ciudad no puede asumir.
Cabe preguntarse entonces cómo puede ser que el Jefe de Gobierno no haya descartado aún la posibilidad de presentarse a su reelección, habida cuenta de que tiene un procesamiento firme por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita.
He intentado, sin éxito, encontrar algún antecedente en los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad respecto de algún candidato en situación análoga, pero no existe antecedente alguno. 
Si Macri se presenta, seguramente alguna impugnación recibirá por este motivo. Mi impresión es que la Constitución es clara respecto de que no puede volver a ser Jefe de Gobierno encontrándose bajo proceso, y en todo caso si se lo habilita como candidato será teniendo en cuenta el artículo 23, inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que sólo se puede restringir el derecho de elegir o ser elegido "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena, por juez competente, en proceso penal".
Esto le daría la posibilidad de ser candidato, pero sin una resolución favorable de su situación penal con anterioridad al 10 de diciembre, probablemente sería un candidato testimonial.

Segunda Parte de la nota: Clic acá.

lunes, 18 de abril de 2011

Carteles amarillos

La ejecución del presupuesto de la Ciudad suele ser protagonista de notas de este blog. En muchas de esas notas, se ha hecho hincapié en que esa ejecución presupuestaria muestra dos caras: una brutal subejecución de partidas de gasto social (inversión en educación, salud y vivienda, sobre todo), pero a la vez una sobreejecución de partidas de gastos en rubros que tienen que ver con las auténticas prioridades de la actual administración. Una de ellas, como lo hemos señalado, el despliegue publicitario de la gestión. 
Es así que respecto de la ejecución del presupuesto 2010, observábamos respecto del gasto en publicidad:
"la publicidad oficial tuvo otro año de rotundo éxito presupuestario: la Secretaría de Comunicación Social llegó a gastar en "Publicidad y Propaganda" la suma de $ 136.685.013,62, cuando su presupuesto original era de $ 95.900.697. Es decir, una ejecución del 142,52 % del presupuesto, engrosado a costa de comedores escolares, por ejemplo. "
Una de las formas más visibles de publicidad tiene que ver con los carteles de obra (ejemplos de su utilización en este post) La imagen que encabeza este artículo es una captura de pantalla de la página 40 del anexo del Boletín Oficial de la Ciudad del día 18 de abril de 2011. En la página siguiente, podemos encontrar una descripción del cartel, que pertenece a un llamado a licitación (en este caso, una serie de obras de "puesta en valor" en el CGPC N° 4, con un plazo de obra de sólo 60 días corridos):
"El Contratista colocará, proveerá y conservará en el edificio, un (1) cartel de obra de acuerdo con las indicaciones y normas del plano que se le entregará. El mismo estará iluminado. Dicho cartel, en el cual también constará la fecha de finalización de la obra, se instalará dentro de los 5 (cinco) días de iniciada la obra y se mantendrán el tiempo que la Dirección determine luego de terminados los trabajos. Serán a cargo del Contratista las reparaciones motivadas por su retiro y su traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad. El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.B.W.G. Nº 24 sobre bastidor de madera de pino Paraná de 3m x 2m, con refuerzos especiales. En la parte anterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y tres manos de esmalte sintético brillante color blanco. Barras y tipografías azul. En la parte posterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y cinco manos de esmalte sintético semimate, previo a la colocación sobre el bastidor de madera. El cartel de obra se fijará a la fachada u otro lugar que indique la Inspección de Obra, mediante grapas especiales para clavar, de hierro cadmiado de sección cuadrada de 12,5mm x 12,5mm con largo adecuado de tal forma que asegure el correcto sostén del mismo. El cartel de Obra quedará en poder del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires." (la negrita es mía)
Muchas veces fui consultado respecto de si estos carteles formaban parte del gasto publicitario (la información respecto de la obra ocupa menos de la quinta parte del cartel). Como puede observarse, la respuesta es que forma parte del costo de las obras, no se utiliza un centavo de la partida destinada a publicidad.
Probablemente se puede decir que sería ingenuo pensar que los carteles de obra, que son obligatorios, corresponden al gasto publicitario. No obstante, tengo la impresión de que hay algunos condimentos particulares de casos como este que invitan al debate, sobre todo teniendo en cuenta la superficie del cartel (seis metros cuadrados), el espacio que en dicha superficie ocupa la información y el espacio que ocupa la publicidad, el plazo breve de la obra, su costo ($ 747.219,18), y el hecho de que el cartel quedará en la fachada del lugar hasta que un funcionario del Gobierno lo determine, lo que permite dejarlo en su lugar durante años.

PD: Para acceder a información sobre el veto de Macri a la Ley de Publicidad Oficial, clic aquí.

viernes, 15 de abril de 2011

Reforma a la Ley 268, de campañas electorales


Este viernes se llevará a cabo una reunión de Diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene como objeto tratar tres proyectos de reforma a la Ley 268, que regula todo lo relacionado con el financiamiento de las campañas electorales. Los tres proyectos tienen en común la pretensión de actualizar los montos que reciben los partidos políticos y alianzas por parte del Estado local y, en consecuencia, los topes de gastos. Sin tener en cuenta otras cuestiones que se pretenden o que se deberían reformar de la Ley 268 (que son muchas y justifican una nota aparte), lo que es indudable es que los montos, fijados para la elección del año 2000, habían quedado seriamente desactualizados, por lo menos si se pretende conservar el espíritu que dio lugar a la aprobación de la ley en 1999 y los montos que entonces se fijaron como adecuados.
En un post anterior, relacionado con la ley de Reforma Política aprobada a nivel nacional, hice una serie de consideraciones respecto del financiamiento de los partidos políticos que entiendo necesario repetir a fin de expresar mi opinión:
Es difícil pensar en mejorar algo sin invertir en ello. No necesariamente se trata de dinero, puede ser esfuerzo físico o mental, tal vez tiempo.
Cuando se trata de políticas públicas es imposible creer que se puede asignar menos recursos económicos a mejorar la calidad de algún servicio prestado por el Estado. Es así que a nadie se le ocurriría proponer mejorar la educación, la salud o la defensa nacional a través de una reducción de su presupuesto.
No obstante, con la política parece ocurrir lo contrario. Parte de la crisis de representación ha tenido como resultado y se alimenta a la vez de la extensión de un discurso que pretende mejorar la política a través de la reducción del gasto que la misma genera (aunque en la práctica el costo puede ser mucho mayor). Se cree que con políticos mal pagos, con pocos recursos para capacitación y reduciendo las posibilidades de que los dirigentes honestos puedan contar con fondos para hacer campaña se puede mejorar la calidad de la representación.
Sin quererlo o decididamente a propósito, se genera el ambiente para que haya dos clases de políticos: los ricos y los que roban (categorías para nada excluyentes, por cierto y sobre todo con demasiados ejemplos a la vista). Profundizar este modelo sólo puede hacernos recaer en el fracaso y la frustración que nos tienen como abonados.
Cualquier reforma política seria debería encarar la cuestión del financiamiento desde dos premisas: que sea suficiente para sostener el funcionamiento constante de estructuras partidarias que generen políticos formados y que les permita discutir públicamente su agenda de propuestas en condiciones de igualdad y sin condicionamientos del lado de quienes ponen dinero para las campañas.
Dicho de otra forma, habría que dar el debate para la eliminación del financiamiento privado (dado que se trata de una inversión la tasa de retorno de la misma siempre es en perjuicio de la sociedad) y habría que trabajar sobre las condiciones para que los partidos políticos cuenten con los fondos necesarios para capacitación y para el planteo constante de propuestas alternativas de gobierno.

La Ley 268 tiene hoy, 11 años después de su aprobación y a pesar de que ha habido estabilidad de precios sino todo lo contrario, los mismos montos que en el año 2000, cuando el presupuesto de la Ciudad era menos de la octava parte de lo que es hoy. El Consenso respecto de la necesidad de modificar esto es amplio. Los tres proyectos (404-D-2011, 433-D-2011 y 695-D-2011) llevan las firmas de Diputados de buena parte de los bloques de la Legislatura: Coalición Cívica, Proyecto Sur, Diálogo por Buenos Aires, PRO, Encuentro Progresista y Solidaridad e Igualdad.
La principal diferencia entre las iniciativas es la forma de fijar los montos. Mientras que por un lado se pretende que la ley de presupuesto establezca cada año el valor de una unidad fija, por otro se propone fijar el monto total de lo erogado por la Ciudad como un porcentaje del presupuesto.
En mi opinión, es mejor la segunda alternativa. Si bien las propuestas están lejos de tomar un porcentaje cercano a lo que se invirtió en materia electoral en el año 2000, establecer un porcentaje respecto del total del presupuesto generaría un criterio mucho más objetivo que el que se logre alcanzar por consenso en la aprobación del presupuesto correspondiente a cada año electoral.
De todas formas, la 268 se merece un debate más profundo. Por ahora, habrá que ver si se logra acuerdo para actualizar aunque sea un poco lo que reciben los partidos, que aún con lo que se pretende aumentar de financiamiento, en su gran mayoría no recibirán ni siquiera el monto necesario para imprimir las boletas.


Yapa: Vinculado con este tema del costo de la política, en el día de ayer, los Diputados de la Ciudad se dieron a sí mismos un importante aumento de sueldo, bastante por encima del que recibieron los empleados de la Legislatura. El proyecto se presentó en mesa de entradas a las 17:49 hs. y fue aprobado menos de una hora más tarde. Como se trata de la reforma a la Ley 2, debería ser de doble lectura (art. 89° inc. 7 de la Constitución de la Ciudad), pero tengo la impresión de que se les escapó el detalle. Francamente, y más allá de chicanas y suspicacias, yo defiendo que quienes tienen tamaña responsabilidad y fueron elegidos por los ciudadanos ganen cifras acordes a ello, y lo defiendo a tal punto que lo escribo aquí con mi nombre y apellido. Una pena que muchos de los que ayer votaron el proyecto 776-D-2011, con tanta urgencia, hagan discursos en otro sentido.

viernes, 8 de abril de 2011

Una pinturita


El miércoles a la noche pasé frente a esta escuela, perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires, y observé (no sé si sería sincero decir con asombro porque creo que no me extraña demasiado), que la misma se encontraba pintada en todo su frente (ocupa toda la cuadra) con la consigna que se puede observar en la foto: Macri 2011, PRO.
No fui obviamente el único que vio esto, y por suerte hubo quienes compartieron la bronca y la decisión de sacar estas fotos a las que accedí gracias a la web. Fueron publicadas por @ (en su cuenta de twitter) en el primer caso, y en el segundo fue compartida en facebook (gracias Andrea), con una carta abierta de autoría del Prof. Gustavo Lesbegueris, de la que dio cuenta Télam.
La propaganda tiene el cuidado de no advertir a sus lectores acerca de qué cargo pretende ocupar el bueno de Mauricio, pero definitivamente lo que no se advierte es ningún tipo de respeto por el edificio escolar de parte de quienes tienen a su cargo cuidarlos.
Me dirán que es común, que todos o muchos lo hacen, pero aún así es injustificable.
Más aún, el frente de la escuela nos habla también de cierta preocupación del Gobierno de la Ciudad por la escuela, al menos desde el aspecto publicitario. Dos bonitos carteles amarillos ilustran su frente, uno de ellos con la famosa publicidad de "Haciendo Buenos Aires", y el otro anunciando una obra de... pintura:

jueves, 7 de abril de 2011

Fondo Vivienda Porteña

El estallido generado por la política de Vivienda del Gobierno de la Ciudad a fines del año pasado, con lamentables episodios, disparó un debate muy necesario respecto de uno de los derechos básicos de las personas, que no suele tener la misma consideración que la educación, la salud o la seguridad en la mayoría de las conciencias, aunque a mi entender no debería ser así.
Decía en una reciente nota sobre el tema:
Entre tanta discusión cruzada a partir de la toma del parque indoamericano y tanta apelación vergonzosa a la xenofobia y el racismo por parte de quienes tienen a su cargo nada menos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me parece importante hacer eje en el necesario debate acerca de cuál es el piso de derechos que el Estado debe garantizar. Así como todos somos constestes en que entre esos derechos sin duda se cuentan la educación y la salud, cabe preguntarse porqué se reacciona en forma tan violenta cuando de lo que se trata es de garantizar que todos podamos tener un espacio donde vivir y no terminemos tirados en la calle.
Pues bien, uno de los argumentos más fuertes entre quienes planteaban oposición a una mayor inversión en vivienda social era que muchos sectores de clase media, que generalmente no son contemplados por las políticas de vivienda, tampoco tenían forma de alcanzar la vivienda propia y se veían condenados al alquiler de por vida.
Ese reclamo lo escuchamos y leímos innumerables veces en nuestra oficina.
Es importante hacer una distinción. Muchos de los que plantean el argumento no tienen ni la más mínima intención de resolver el problema de acceso a la vivienda de sectores bajos y medios. La política crediticia del Banco Ciudad, por ejemplo, nos da una pauta respecto de la postura que se puede asumir frente a este tema:


Como se puede observar, cuando asume la actual conducción del Banco Ciudad, macrista en su mayoría, la suma de los préstamos hipotecarios y los créditos otorgados a grandes empresas totalizaba $ 2057 millones, de los cuales el 53,28% pertenecía al primer grupo. En la actualidad, la participación en ese total de los créditos hipotecarios cayó al 42,65%, es decir más de diez puntos.
Esto se produce en medio de un contexto de crecimiento de los depósitos producto del crecimiento económico y la inflación. Vale entonces mencionar que mientras en este periodo el stock de préstamos hipotecarios creció un 107 %, el stock de préstamos a grandes empresas lo hizo en un 217 %. 
El 2010 deja un resultado neto para el Banco Ciudad de $ 639 millones, de los que el Poder Ejecutivo de la Ciudad pretende usar buena parte para engrosar el presupuesto (más de $ 400 millones). Entendiendo que no es una buena política utilizar las ganancias del Banco Ciudad para cubrir los gastos corrientes del Poder Ejecutivo (ganancias que serían aún mayores si por ejemplo no se hubieran utilizado para pagar gratificaciones por cifras cercanas a los $ 100.000 a altas autoridades del Banco), y atendiendo la necesidad de financiar un programa que acerque los créditos a una franja de la población que hoy a pesar de su esfuerzo no los puede alcanzar, se trabajó en un proyecto que tenga en cuenta ambas cuestiones. Fue presentado por Aníbal Ibarra, junto a los legisladores Juan Cabandié, Rubén Campos y Maria Elena Naddeo, y se puede acceder al mismo en este link.

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